El vacío medio lleno
Empiezo la escritura de esta actualización agosteña leyendo, por una parte, unas declaraciones del Ministro Escrivá afirmando que «esta crisis es temporal y no debería haber daños graves en la economía» y, por otra, un estupendo artículo de Francis Fukuyama sobre la pandemia, donde manifiesta:
«Cuanto más se sabe sobre el COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, más parece que la crisis se prolongará, en términos de años más que de trimestres».
Dos grandes profesionales con amplio conocimiento en su área; el uno con agenda política y responsabilidad de gobierno, obligado a ofrecer una visión positiva; el otro, libre de servidumbres ideológicas y con una acreditada visión geopolítica global. El acierto de sus afirmaciones es todavía una verdad futura e incierta, sometida tanto a los dictados inmisericordes del virus como a la capacidad, resiliencia social y liderazgo de los países que deben afrontarlo. No obstante, los indicios disponibles en estos momentos apuntan por desgracia al escenario más desfavorable: un daño grave, permanente y asimétrico en lo sectorial y en lo geográfico.
El verano de nuestro descontento.
Contábamos en nuestra entrada anterior, de la que este artículo pretende ser una actualización, que nuesta economía está sostenida en un limbo artificial, sin garantías sólidas de que pueda valerse por sí misma todavía, ni de que nos hallemos en condiciones de suministrárselas por nosotros mismos en las cantidades requeridas, dado el deterioro de las cuentas públicas. Los diferentes indicadores que hemos ido conociendo en julio y en agosto no han conseguido despejar estas dudas.
Fedea avisaba a mediados de julio:
«Teniendo en cuenta la estacionalidad de la economía española, no cabe esperar que en la segunda parte del año se pueda reactivar el flujo de contrataciones para compensar las que no se habrán producido entre marzo y junio».
De no controlarse debidamente los rebrotes, su escenario tras los ERTE estimaba despidos y pérdidas de hasta 1,2 millones de empleos. Una necesidad inmediata es dar una salida razonable a las empresas cuya situación económica o perspectivas futuras se han deteriorado de tal manera que la reincorporación de toda su plantilla no resulta viable.
La AIReF, por su parte, estimaba que los ingresos fiscales alcanzarán el 40,3% del PIB en 2020, nueve décimas menos respecto a las estimaciones oficiales. Unos 10.000 millones de euros de diferencia a la baja. Recomendaba establecer una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Y animaba a explorar la implementación de sus propuestas efectuadas en los estudios de revisión del gasto o Spending Review, un trabajo magnífico al que todas las Administraciones Públicas deberían prestar muchísima más atención.
Poco después, el 28 de julio, recibimos el mazazo de los datos de la EPA del segundo trimestre de 2020. El empleo privado se desplomó en 1.052.000 personas, su mayor descenso de la serie, situándose en 15.381.300 ocupados, el menor en cuatro años. El empleo público, por su parte, descendió en 22.000 ocupados. Como bien apuntaba mi compañero Combarro, estos datos registrados reflejaban una situación mejor que la real, al no incluir los ERTEs ni el cambio a la baja en la jornada laboral (a la baja) por la mejor aproximación la proporciona el dato de las horas trabajadas…
