El coronavirus plantea un cruel dilema a las trabajadoras domésticas de América Latina

Cuando el gobierno chileno anunció la semana pasada una cuarentena total para las zonas más ricas de Santiago, donde se concentran los casos de coronavirus en Chile, a la empleada doméstica María De León le quedaron pocas opciones.

Y cuando trató de discutir en mayor profundidad, su empleadora tomó la decisión por ella.

«La señora me llamó y me dijo que tenía tres opciones: que me fuera a trabajar puertas adentro por tres meses y con el mismo salario; que sólo trabajara 15 días al mes por la mitad del sueldo y la tercera, que me despedía», contó a Reuters.

«Al final me despidió y aquí estoy en casa, sin nada en los bolsillos y en medio de esta cuarentena».

En América Latina, donde la desigualdad social alienta la cultura de trabajadoras domésticas más que en países desarrollados, la llegada del coronavirus y su efecto en las economías afecta a quienes viven de manera más precaria y no tienen la protección de redes de seguridad social sólidas.

Un reporte de la OIT de 2016 señaló que había 18 millones de trabajadores domésticos en América Latina. Más del 90% son mujeres y una gran mayoría de esas personas trabaja en el sector informal, sin grandes derechos laborales.

Agrupaciones de trabajadoras domésticas en Chile dicen que el ultimátum que recibió De León no es una excepción en medio de la nueva realidad que trajo el coronavirus.

Luz Vidal, presidenta del sindicato Sintracap que representa a unas 500 trabajadoras domésticas de la capital chilena, dijo a Reuters que recibieron «muchas denuncias» similares en las primeras semanas del brote epidémico.

«Les estaban pidiendo bajar el sueldo a la mitad y seguir con la misma jornada laboral, o quedarse puertas adentro cuando ellas también son jefas de hogar y deben cuidar a sus propias familias. Muchas tenían el temor de ser despedidas», declaró.

«Había mucha incertidumbre», añadió la dirigenta, asegurando que las mujeres que trabajan como empleadas domésticas «pertenecen al grupo social más bajo de la sociedad chilena, tienen escasos estudios» y «es muy difícil para ellas pensar en encontrar otra fuente laboral».

¿DE QUÉ VOY A VIVIR?

Cleonice Gonçalves, una empleada doméstica de 63 años, se convirtió en una de las primeras víctimas del coronavirus en Brasil tras supuestamente contraer el virus de su empleadora que regresó poco antes de vacaciones en Italia.

Su muerte provocó un debate público sobre clase y privilegios en Brasil, que hasta ahora tiene 4.579 casos confirmados y 159 muertes por coronavirus.

Según autoridades sanitarias, personas con suficiente dinero como para viajar al extranjero ayudaron a que el coronavirus aterrizara en Brasil, y temen que pueda afectar a las comunidades de bajos ingresos donde las personas no pueden darse el lujo de permanecer en cuarentena.

El colombiano Duver Marín dijo que no le importaba si las autoridades lo multaban por violar las restricciones para ir a trabajar como limpiador de un departamento de Bogotá; su prioridad era asegurarse de que su familia pudiera comer.

«Si yo no trabajo no comemos. Yo acataría la orden (de cuarentena), pero ¿y qué voy a hacer, de qué voy a echar mano, de qué voy a vivir?», dijo a Reuters el hombre de 52 años, que mantiene a dos hijos, una nieta y su esposa con su salario mínimo de 200 dólares.

En Chile, que este fin de semana superó los 2.000 casos, las primeras personas que confirmaron que tenían el virus fueron dos médicos que viajaron a Italia y al sudeste asiático. Las primeras muertes fueron en zonas de bajos recursos de Santiago.

Mientras en general los chilenos de clase media han atendido el llamado a trabajar desde casa, las niñeras, empleadas, jardineros y obreros no tienen más alternativa que cruzar la ciudad en transporte público y seguir presentándose a sus trabajos.

Al menos 300.000 mujeres trabajan como empleadas domésticas en Chile, según Sintracap, que valoró la decisión del gobierno de limitar los desplazamientos para frenar la propagación del virus hacia áreas más pobres de la ciudad donde la vida ya es precaria y los servicios de salud menos capaces de enfrentar grandes brotes.

Sin embargo, dice Luz Vidal, los empleadores tendrían la obligación moral de seguir pagándoles o al menos mantener sus puestos de trabajo durante la cuarentena, mientras que al gobierno le cabe desempeñar un papel más firme para garantizar que reciban un trato justo.

Katherine Martorell, viceministra de Prevención del Delito de Chile, dijo la semana pasada que nadie podría verse obligado a tener que quedarse en el lugar de trabajo. «La decisión es absolutamente de ella», aseguró la funcionaria.

Yanneth, una niñera de 55 años, dijo que se sintió aliviada de mudarse a la cómoda casa de sus empleadores en el rico municipio capitalino de Vitacura en lugar de arriesgar su salud y la de sus tres hijas adultas, con quienes comparte un pequeño departamento en el centro de la ciudad.

«Cuando anunciaron la cuarentena, hablé con mis hijas y me prometieron que tendrían cuidado y que se cuidarían», dijo. «Estos son tiempos difíciles y hay que tomar decisiones sobre lo que es mejor para todos», afirmó.

Pero Nancy Medel, de 45 años, no ha tenido noticias de sus empleadores en otra zona acomodada de la capital desde la semana pasada, cuando le pidieron que se quedara en la casa donde trabaja cuidando niños.

«Mi jefa me dijo que me mantuviera alejada la semana pasada porque no quería que trajera el virus para infectarla a ella o a sus hijos, a pesar de que comenzó aquí y en realidad es al revés», dijo.

«Ahora ella no responde mis llamadas y no puedo ir a trabajar. Esto no es mi culpa, es un problema global, pero ahora no puedo pagar mis cuentas ni la escuela de mi hija».