Ética versus corrupción

Impacto de la corrupción

La corrupción es el mal del siglo, que tiene atrapados a los países, un cáncer que devora las instituciones y es la amenaza más grave para su gobernabilidad. Engendra violencia porque atenta contra los bienes públicos y contra los bienes particulares, arrebatados en forma injusta y fraudulenta. Viola los derechos humanos fundamentales porque afecta el ingreso de las familias, les arrebata muchas veces el sustento, al incurrir sus integrantes en delitos, o aumenta el índice de pobreza y miseria de la sociedad. Más que a una patología inevitable, como afirman algunos, la corrupción se debe al desmoronamiento interior de los individuos, a la debilidad de las instituciones públicas y privadas en sus mecanismos de gestión, y a la marcada ausencia de una cultura ética que sirva como dique moral para contener y contrapesar sus efectos.

De ahí la necesidad de una vigorosa reacción del Estado y de la sociedad civil para que los poderes públicos, las entidades y empresas, el sistema educativo, las familias, la política y la comunidad rechacen a los corruptos y contrarresten enérgicamente su poder con el peso de la ley y con el comportamiento ético. Hay que combatirla represivamente pero, más decididamente, en forma preventiva y positiva, mediante la promoción de la ética y los valores en forma personal y corporativa, privada y pública.

Sócrates decía a sus amigos, que querían salvarle de la muerte sobornando a sus carceleros, que en su alma había razones más poderosas que la de salvar la vida de esa forma; y a quienes le susurraban que debía incumplir las leyes les respondía: atentar contra ellas sólo puede causar males; hay que obedecerlas con todas sus consecuencias” (Platón, Diálogo Critón). Hoy en día los corruptos se limitan a decir que la corrupción no es problema de ellos, sino de la naturaleza humana. Pero, como afirma Raúl Franchi: “La corrupción es la peor lacra social que ha padecido la humanidad”. Como algunas enfermedades epidérmicas, no puede ser erradicada, pero es controlable…Hoy la corrupción está matando más gente que todos los genocidios y dictaduras” (1)

Como se sugirió antes, la corrupción afecta a la economía, en todos los sectores, y ese impacto se hace sentir en la salud, la educación, el empleo, la justicia, el transporte, las obras públicas, el gobierno en todos sus niveles. Se menoscaba el dinero del Estado –o de las empresas- de muchas formas. Por ejemplo, no se terminan o se acaban defectuosamente grandes obras de infraestructura porque se desvían los recursos destinados a ellas, que van a parar a los corruptos.

Otro aspecto nocivo de la corrupción es el empobrecimiento del Estado y de las instituciones públicas directamente afectadas. Además, opera como un acelerador de la inequidad social. A su vez, la lucha contra la corrupción lo es también contra la injusticia social y, al mismo tiempo, una defensa del bien común. El empobrecimiento de los países y del Estado redunda por fuerza en el recaudo de los impuestos que también sufre defraudación.

Una respuesta positiva al fenómeno de la corrupción, es la práctica de la Ética como una orientación racional de la conducta para realizar el bien. Más que mirarla como un conjunto de normas y deberes que se nos imponen desde fuera, es verla como una convicción profunda que nos lleva actuar buscando la rectitud de conducta en lo personal, en la organización y en la comunidad. Se trata de algo practicado libremente, como fruto de una adhesión consciente y voluntaria, no fruto de una imposición, o porque lo mande un código ético, sino porque hay algo en el interior del ser humano que lo invita a ser ético, porque poee una conciencia que actúa como una brújula de la conducta, cuyos referentes son unos principios universales.

La ética ofrece razones y argumentos que tienen su raíz en la persona misma; quizás los tenga olvidados o quizás han sido oscurecidos por las circunstancias, las presiones de las ideologías, los intereses del poder, las conveniencias particulares o, en fin, por todo aquello que hace perder de vista la razón de ser de la persona, tratando de justificar la conducta sin pensar en si se obra bien o mal.

Cultura de legalidad e integridad

Podríamos decir que es necesario partir de la justicia, como derecho y como virtud, para estructurar una ética pública de la cultura de la legalidad y la integridad como una respuesta eficaz de la sociedad y el Estado al fenómeno de la corrupción. No está de más citar a Sócrates, el primer adalid en la historia de la filosofía occidental en la lucha contra la corrupción: la justicia es lo más valioso, lo que perfecciona el alma y le da salud, no el poder, no la riqueza, no la fama ni el placer” (2).

Podríamos afirmar que Legalidad e Integridad son una nueva forma de designar la Ética Pública en sus campos de acción primordiales. La legalidad nos ofrece dos caras: una, la propia del imperio de la ley y de las instituciones legales para que constituya una ordenación efectiva al bien común. Dando soporte a la acción individual, deben existir unos marcos objetivos de legalidad e integridad, de los que habla Villoria, como normas muy claras para amparar la legalidad y a, su vez, promover la integridad, todo lo cual tiene que ver con las instituciones formales y no formales con las que cuenta el Estado, y con los medios para exista el buen gobierno, en el que la norma jurídica es inseparable de la Ética (3) .

Se habla de una legalidad objetiva, que responde a estructuras formales del Estado, y busca la adecuada protección de los derechos de los individuos y de los derechos sociales, mediante –en palabras de Villoria– “instituciones legítimas, eficientes y eficaces y estables”. Con base en ella se ejerce un control legítimo y se propugna por la buena administración pública. Otra cara, en cambio, que podemos denominar legalidad subjetiva, proviene de la aceptación de la norma por parte de los individuos conscientemente, no en razón de la coacción o del cumplimiento obligatorio e inexcusable.

Eso lleva a considerar la legalidad como una apropiación voluntaria de la ley que lleva a su cumplimiento no sólo por la obligatoriedad que encierra, sino por el convencimiento de que es lo mejor para lograr los fines sociales. “Cuando hablamos de legalidad debemos necesariamente adjetivarla o por lo menos contextualizarla, porque la legalidad como tal, como un concepto despojado de cualquier cualificación o de una referencia histórica o cultural relevante, es simplemente una técnica, un criterio de organización” (4)

Podemos decir que la integridad también se puede mirar a través de dos caras: desde el punto de vista de los marcos normativos de integridad, que la exigen a través de instrumentos vinculados a las leyes. La otra cara, más subjetiva, es lo que podemos denominar la asunción de la Ética por parte de los individuos, en forma deliberada y voluntaria, acatando los códigos éticos, a las estrategias corporativas y fomentando prácticas personales o corporativas que impliquen la vivencia de valores éticos en busca de la honestidad y la transparencia en la conducta.

Esta integridad subjetiva debe ser reforzada por la promoción social de la Ética hecha desde el Estado. Utilizo otras palabras del artículo citado de Villoria: “Para fomentar la integridad de los servidores públicos es muy importante crear marcos de integridad organizacionales, en los que normas, procesos adecuados y estructuras de gestión eficaces, contribuyan conjuntamente a prevenir la corrupción y fomentar la ética (…) De esta forma, lo que el sistema permite es una continua mejora, pasándose de implantar mecanismos anticorrupción a consolidar instrumentos, procesos y estructuras que fomentan la integridad”. Es decir, se acude a medios de formación, a una pedagogía positiva que impulse la vivencia libre de la ética y los valores.

La teoría del “buen gobierno” reafrimamos conVoilloria- plantea la creación de instituciones que buscan la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia, la coherencia, la objetividad en el servicio y la integridad. Esta se gestiona a través de políticas que conecten con el ejercicio del buen gobierno, que busca la igualdad de oportunidades, la ciudadanía plena y el desarrollo económico, controlando los grandes poderes, buscando el mayor bien para todos. “El buen gobierno –concluye el autor-debe contribuir decididamente a construir las instituciones adecuadas: aquellas que fomentan conductas positivas para la comunidad y desactivan las conductas dañinas”.

Queda claro que está bien que el Estado promueva y disponga de marcos legales de Legalidad y de Integridad. Pero igualmente es claro que esos marcos no son suficientes para lograr una cultura ética pública que constituya un rechazo eficaz a la corrupción. Es indispensable que esos dos valores sean aceptados e interiorizados por las personas libremente para que sean plenamente éticos, impulsores de una actuación voluntaria y decidida para vivir las normas, para pasar de las políticas éticas a estrategias que indican la forma de llegar a las prácticas éticas, a lo que realmente puede lograr la transformación de la conducta de los funcionarios.

La ética pública no puede reducirse a un conjunto de preceptos, por bien estructurados que estén y por muchas bondades que encierren conceptualmente. Hay que pasar a la acción práctica, al comportamiento que ayude a cambiar las conducta negativas o torcidas. Aquellas que admiten los actos de corrupción y que van unidos, normalmente, a desconfianza en las leyes y en la autoridad, a la incongruencia entre los principios y valores definidos, al predominio de los intereses privados sobre los públicos y al desapego al bien común (Informe de Cendex).

Relación entre legalidad e integridad

Legalidad e Integridad forman una unidad que las hace inseparables la una de la otra y se deben trabajar en forma permanente de modo que arraiguen en la cultura de las entidades públicas. No es asunto de altruismo, de simple buena voluntad, o de una cruzada moral. Es una necesidad social, respecto de la cual el gobierno, según Villoria, “con su ejemplo de honestidad, debe generar creencias de que es racional actuar legal y honestamente” (Villoria).

Según el Informe de Cendex antes citado, hay escenarios favorables a la cultura de la legalidad (sentido de pertenencia, identificación con valores, participación en toma de decisiones, seguimiento y monitoreo y sistemas de calidad que buscan la eficiencia y la eficacia). Pero se presentan escenarios adversos que la dificultan (por ejemplo: falta de espacios de participación, complejidad de los marcos normativos o dificultad de adaptación a los cambios), o prácticas nocivas frente a los ciudadanos o ante los contratistas del Estado, y fallos en la institucionalización de las normas (permisividad y laxitud en la autoridad y en la ciudadanía).

También operan culturas inadecuadas, según Cendex, especialmente la cultura de la inmediatez (impulsada por el consumismo y el afán de éxito fácil, la incapacidad de espera, la errónea aceptación de fines que justifican los medios), los mecanismos frágiles para garantizar derechos, que fomentan el clientelismo y el amiguismo, o los que permiten la persistencia de actores como la pobreza y la inequidad. Quien opta por la ilegalidad cree que puede construir sus propias leyes suplantando el bien común por un bien particular. Así como se edifica una cultura de la legalidad, también se afecta el bien común a través de las conductas sociales ilegales, especialmente la corrupción.

Integridad con valores

Según el Informe de Cendex: “La cultura de la integridad implica la puesta en práctica de un conjunto de valores que llevan a que las organizaciones se conduzcan de la mejor manera posible en todas las circunstancias”. Se define la integridad como “una cualidad o característica de la conducta individual o del comportamiento organizacional, que también puede ser considerada como una virtud individual y organizacional que lleva a las personas a “actuar de conformidad con los valores, las normas y las reglas”

Tal como sucede con la legalidad, la integridad se basa en otros valores como la honestidad, la rectitud, la entereza, la transparencia y la lealtad. Estos valores también apuntan a consolidar el rechazo a la conveniencia individualista o al relativismo moral porque las conductas íntegras apuntan a que se actúe con visión de conjunto, no según cada caso o según las circunstancias. “La integridad –dice Cendex– se expresa en la congruencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se vive; en la responsabilidad que se asume por las decisiones y acciones que se toman; en la confianza depositada por los otros; en la transparencia de las instituciones y la satisfacción con sus servicios que pueden expresar los ciudadanos”.

La práctica de los valores permite afrontar la ruptura entre legalidad e integridad que se observa en funcionarios públicos que revelan -según el Informe Cendex- tolerancia a las faltas éticas (por ejemplo, negligencia en el desempeño del cargo, lógica del menor esfuerzo, malos tratos, desprecio por lo público, ausentismo, impuntualidad), que no siempre son ilegales o no siempre existe sanción jurídica para ellas. De las faltas se pasa a amenazas mayores para la integridad: inconsistencia en los valores, sobrevaloración del interés privado, dar primací a los intereses personales sobr el bien público, desapego al bien común, tolerancia a la ilegalidad y una serie de imaginarios que vinculan política y corrupción. La estrecha relación entre legalidad e integridad nos hace pensar en que el fortalecimiento de la Ética pública con base en esos dos valores centrales y en otros valores complementarios, logra conjugar todos los factores en beneficio de la cultura de las instituciones y de la recta actuación de los servidores públicos.

Los ámbitos de legalidad e integridad

La cultura de la Legalidad y la Integridad parten de enfocar la Ética como un saber práctico, como una Ética en acción, que mira al comportamiento y los hábitos concretos a través de los cuales se puede percibir la conducta recta. Se busca que las personas y las instituciones se sensibilicen sobre la importancia y la necesidad de las prácticas éticas, pero, sobre todo, que se estas se logren como fruto de la convicción, no de la imposición propia de las normas legales.

Hablamos del ámbito como un campo de acción dotado de sentido por la presencia de la persona. No se trata del ambiente físico o del conjunto de objetos o de espacios geográficos. Los ámbitos están delimitados “pero se abren a otras realidades; pueden ser afectados por la acción de otros seres y, a la vez, ejercen influjo sobre ellos (5)”.

El primer ámbito es la persona misma, que posee su riqueza, su intimidad y es, a la vez, interdependiente respecto a los demás. La persona es el centro de la acción ética. Desde su potencialidad corporal, afectiva, intelectual y espiritual se desarrolla en busca de su felicidad o plenitud. Su voluntad y su libertad hacen posible que ella vaya siempre tras lo mejor para sí y para los demás, pues está hecha para trascender desde sí a los demás y juntos alcanzar un bien común. La construcción de la Cultura de la Legalidad y la Integridad empieza por el auto reconocimiento propio y por una honda valoración de la propia capacidad y de los propios valores que arraigan en la persona y desde ella se comunican a los otros ámbitos.

Un segundo ámbito es la familia, fundamental para la realización de la persona como persona y primer escenario de la Legalidad y la Integridad. “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado” (Art. 16 Declaración Universal de Derechos). En la familia como primera escuela de valores se da el primer aprendizaje de la legalidad y la integridad. Si hablamos de la condición del servidor público como ciudadano, hay que mirar al ámbito familiar, donde se pone a prueba en primera instancia la Ética personal y donde se recibe un influjo del ámbito de la organización. Desde la familia se da una proyección al ámbito institucional y al de la comunidad, en la que la familia debe ser un motor de cambio y de equidad social, porque es “la raíz primaria de la solidaridad” (Soria).

Un tercer ámbito es el de las organizaciones o instituciones. En ellas la legalidad y la integridad se promueven a través de políticas, estrategias y prácticas; no basta contar con que las personas quieran ser éticas y actuar éticamente. Hay que sensibilizarlas y ayudarles al razonamiento ético para que puedan resolver los dilemas éticos que se dan en su trabajo, a la vez que crecen en la formación de hábitos morales de comportamiento recto en su trabajo, en su relación con los colegas y en su interacción con los ciudadanos o en su relación con el Estado. La Ética Pública –dice Merino (6)- “respalda las reglas y procedimientos indispensables para deliberar, para dialogar y construir respuestas a las preguntas que desafían nuestra vida en común y le ofrece un sentido moral al ejercicio de los poderes públicos. Si bien la Ética, como ya dijimos, es libre y se vive por convicción, hay que impulsarla mediante una pedagogía institucional efectiva. Medios como el “Manual de Gestión Ética para las Entidades del Estado” (7) son útiles, siempre que sean instrumentos operativos que ayuden a transformar la conducta y no se reduzcan a mera información.

El cuarto ámbito es la comunidad, donde convergen las metas y valores de las personas, entrelazadas por vínculo de ciudadanía y orintadas al bien común. La persona está llamada a ser parte viva de la comunidad y a contribuir a ella con todas sus fuerzas. Si, además, es servidora del Estado, debe vivir a fondo la responsabilidad de ayudar a los demás ciudadanos, de procurar la equidad entre todos, de ser solidaria y de dar ejemplo como funcionaria y como ciudadana. Ayudar a construir comunidad es la gran misión de los servidores. Si se piensa en el rechazo social a la corrupción, el papel ético de la comunidad es decisivo. Hay que sacar consecuencias más serias al analizar la gravedad del problema: “existe conciencia de que una corrupción galopante y desmedida, que se convierte en un cáncer de la sociedad, termina por crear tal grado de ingobernabilidad que el sistema democrático mismo puede llegar a entrar en un colapso, destruir el tejido social y hacer la economía de un país no viable” (8)

Desafortunadamente, la Ética no es prioridad de los gobiernos, sino como coletilla de la lucha anticorrupción, centrada muchio más en lo legal punitivo, no en lo preventivo o en lo educativo. En parte, por un desconocimiento de cómo estructurar la Ética en lo público para que pase del discurso a la acción sostenible. “Lo inaceptable – dice Villoria en el artículo citado– es la indiferencia ante la motivación moral en la acción gubernamental”. “El gobierno debe tener como objetivo de su conducta el ser un buen servidor de sus ciudadanos, en suma, debe guiarse por criterios morales universalistas para gobernar y no solo por criterios cortoplacistas para mantenerse en el poder”.

No podemos perder de vista que la Ética que proponemos está relacionada con el éxito y la felicidad de las personas que componen la familia, la organización y la comunidad. No se trata de “la suma de todas las ventajas y prestaciones particulares que la hagan objeto de la alegría y la aprobación del otro”. (9), Es algo vinculado con el amor como motor de la felicidad (“el otro llega a ser real para mí y deja de ser para mi circunstancia: soy parte de su mundo y el es parte del mío y solo así podemos llegar a ser y a sentirnos realmente personas”) y con la búsqueda del bien común, que es un entramado de bienes que integran la felicidad de los ciudadanos.
No basta pues con afirmar la importancia de la Ética Pública, como no bastan las leyes que contemplan normas éticas, ni los códigos éticos, ni las declaraciones de principios y valores: es indispensable la gestión de la Ética Pública en forma sistemática desde el Estado y el gobierno. “La Ética es un aspecto esencial del servicio público, pero a menudo es dejado fuera de las discusiones el desarrollo de ese campo y de sus principales funciones. Para que la Ética guíe las actitudes y comportamientos de los administradores públicos tiene que ser integrada en la forma como los administradores piensan sobre sus prácticas e incorporada en su conducta de cada día (10).

BIBLIOGRAFÍA

1) FRANCHI, R.: Antropología de la corrupción y una esperanza de participación ciudadana, Foro Internacional de Ética Pública, Hacia una Cultura de la Legalidad y la Integridad, Procuraduría General de la Nación, Bogotá, junio de 2014

2) Platón (477a – 477e) citado por Bilbeny,Norbert (1998) El saber como Ética, Península Barcelona.

3) VILLORIA, Manuel (2011): ¿Más libertad o más felicidad? El buen gobierno del siglo XXI, Reforma y democracia Nº 51, 12-34

4) CENDEX-UNIVERSIDAD JAVERIANA: Proyecto Cultura de la Legalidad y la Integridad, Procuraduría General de la Nación-BID: Informe Marco Conceptual versión final, Documento técnico GPGD/1624B-12, Bogotá 2012.

5) LÓPEZ QUINTÁS, A. (1993) El arte de pensar con rigor y vivir de forma creativa, Asociación para el progreso de las ciencias humanas, Madrid.

6) USAID, (2006) Manual de Gestión Ética para las Entidades del Estado, Bogotá

7) MERINO, Mauricio (editor), (2010): Ética Pública, Biblioteca Básica de Administración Pública, S.XXI editores, Buenos Aires

8) QUERUBÍN, R. (2005): La lucha anticorrupción y la Ética Pública y Privada, Editorial Carrera 7a, Bogotá.

9) SPAEMANN, R. (2010): Ética, política y cristianismo, Palabra, Madrid.

10) SVARA, James (2006): Ethics Primer, Johns & Bartlett Publishers, Boston

Jorge Yarce

Jorge Yarce

Conferencista internacional en temas de liderazgo, ética y valores y comunicación en 9 países. Cofundador y Presidente del Instituto Latinoamericano de Liderazgo (ILL). Director de su Equipo Interdisciplinario de Consultores y Facilitadores. Director del Proyecto AXIOS (Valores en la educación). Promotor de El Observatorio de la Universidad Colombiana (www.universidad.edu.co) Escritor...

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