Phishing y spam en tiempos de coronavirus
El Departamento del Tesoro está estudiando si tiene la autoridad legal para prevenir que bancos y cobradores privados tomen los $1,200 dólares de la ayuda económica del gobierno para cubrir posibles deudas de sus clientes, según publicó The Washington Post.
La asesoría legal del Tesoro se estaría encargando de llevar a cabo dicha evaluación, tal y como dijo al diario capitalino una persona familiarizada con los debates internos. En condición de anonimato, dicha persona también indicó que no estaba claro cuando se tomaría una decisión acerca del tema.
A principios de este mes, la Administración Trump empezó a enviar el dinero de la ayuda económica a las cuentas bancarias de 80 millones de contribuyentes para ayudarles a sobrellevar los estragos económicos que está causando el coronavirus. Poco después, empezaron a salir a la luz casos de clientes que se habían encontrado que sus pagos habían ido a cubrir deudas que tenían con bancos o cobradores privados.
Congresistas de ambos partidos han criticado este modus operandi de las entidades financieras y han reclamado que devuelvan el dinero. El Post indica que, tras las críticas, algunos bancos devolverían la ayuda económica.
Este embargo de los $1,200 dólares de dinero público es otro palo en las ruedas del paquete de estímulos de $2 billones de dólares ($2 trillions) que se alcanzó tras un celebrado acuerdo bipartidista.
Muchos contribuyentes se han encontrado con dificultades para recibir su ayuda directa que se supone que se supone que tendría que ser de emergencia y, por otro lado, el programa de préstamos para los pequeños negocios se quedó sin fondos antes de poder cubrir todas las solicitudes.
Aunque no se sabe a cuántos receptores de la ayuda afectaría este movimiento de los bancos y otros cobradores, Lauren Saunders, directora asociada del Centro Nacional de Derecho del Consumidor estima que casi un tercio de los estadounidenses tiene una deuda económica.
Grandes bancos como Bank of America y Wells Fargo ya han dicho que no se cobrarán los pagos que les adeudan independientemente de la política que pueda aplicar el Departamento del Tesoro. Sin embargo, miles de entidades financieras más pequeñas seguirán haciéndolo se el Gobierno no lo regula.
