Los inspectores de seguros reclaman un supervisor más fuerte y una política de retención de profesionales
El Ministerio de Economía va a reforzar la plantilla de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Dgsfp) con la convocatoria de 20 nuevas plazas para el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, 12 de libre acceso y 8 de promoción interna, tal y como avanzó este lunes ABC. «A pesar de que valoramos positivamente esta medida, su adopción de manera aislada no soluciona uno de los problemas más graves del supervisor, esto es, la falta de medios y la necesidad de contar con un marco de supervisión acorde con las mejores prácticas internacionales», criticó ayer en un comunicado la Asociación Profesionales de Inspectores de Seguros del Estado (Apise).
Además, y a pesar de que las cifras que contemplan esas oposiciones supondría en teoría incrementar en un 20% la plantilla de inspección, la asociación profesional recuerda que estas convocatorias no siempre se cubren y por tanto ese aumento no sería tan elevado. «Aunque actualmente el supervisor cuente con el mayor número de inspectores desde 2010, esta cifra está muy por debajo del nivel esperado ante las reformas legislativas sucedidas para conseguir equipararse con otros supervisores tanto nacionales como europeos», lamenta también Apise.
Los inspectores de seguros llevan años reclamando la urgencia de contar con una Dgsfp con más recursos, fuerte e independiente, sobre todo desde que la aplicación de normativas internacionales como Solvencia II han incrementado la complejidad de la supervisión. El Gobierno ya pactó este año con Ciudadanos una reforma de las autoridades supervisoras que, entre otras cosas, contempla separar esta Dirección General del Ministerio de Economía, creando un supervisor totalmente independiente y que, en un principio, se financiará con tasas al sector privado.
En todo caso, los inspectores consideran que junto a esa falta de medios la Dgsfp sigue sufriendo una fuga de profesionales tanto al sector privado como al público por la carencia de una política de rentención de estos profesionales, que no encuentran en el supervisor las suficientes perspectivas laborales y soportan además, según Apise, un desequilibrio entre su categoría profesional y las funciones que desempeñan.