Los incentivos perversos detrás del Ingreso Mínimo Vital

Mañana, el gobierno un Consejo de Ministros aprobará el Ingreso Mínimo Vital. Una medida que trata de hacer frente a la dura situación económica que soportan muchas familias a raíz de la crisis que está destruyendo empresas y empleo.

La cuantía sobre la que se hace referencia dependerá del número de miembros de cada hogar y de las rentas que perciban y se empezará a cobrar en el mes de junio, a medida que se vayan recibiendo las solicitudes.

Según el propio gobierno, los beneficiarios de esta medida serían alrededor de 850.000 familias que se encontrarían en una situación de pobreza severa, cuatro de cada cinco familias en una situación desprotegida, movilizando 3.000 millones de euros del Presupuesto.

Esta prestación no es un cheque en blanco, sino que está condicionada y trata de cubrir la diferencia necesaria por esa unidad familiar hasta alcanzar el ingreso mínimo correspondiente.

Según el ministro Escrivá, el ingreso mínimo garantizaría una renta de 461 euros para el caso de un hogar formado por un adulto, complementando la renta hasta ese importe. A partir de allí se aplicarían una serie de coeficientes multiplicadores en función de tipo de familia y de número de menores a cargo para que la cuantía fuera incrementándose sin llegar a alcanzar el SMI.

Tratar de clientelizar a un país
Que, de repente, se pueda obtener una renta de última instancia, puede llevar a ciertos incentivos perversos tanto desde el punto de vista del ciudadano como desde el punto de vista del Estado.

Desde el punto de vista del ciudadano, puede concluir que para qué va a obtener un trabajo que le aporte una renta, si el Estado se hace cargo de sus necesidades de consumo. Por lo tanto, cualquier renta que se ofrezca debe valorar no atentar contra el incentivo de la obtención de un trabajo.

Todo gobierno busca permanecer en su statu quo en el tiempo y, para ello, existe el incentivo de controlar a la población a través de medidas asistenciales, panem et circenses. Una población sometida y bajo la asistencia del Estado, es una población menos exigente con los mecanismos del poder y, consecuentemente, más dócil y manejable para poder así prolongarse en el tiempo.

Por otra parte, es un error manifiesto que se lleve a cabo la planificación de ese ingreso mínimo desde la centralización de un Estado. Estamos hablando de paliar las necesidades de consumo de la población menos desfavorecida y, obviamente, no existirán las mismas necesidades consumo en Barcelona o Madrid, que en un pueblo de renta reducida de Extremadura.

De ahí que nazca un problema de planteamiento, y no debe ser la Administración Central la que impulse este tipo de medidas por las disparidades existentes dentro de un territorio, sino desde las administraciones inferiores cercanas a la realidad del territorio. De hecho, ya teníamos las rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas, que en el año 2018 comprometian un gasto cuantificado en más de 1.518 millones de euros…