El Gobierno prevé ingresar 2.000 millones de euros extra por el mayor crecimiento económico

El buen comportamiento de la actividad económica dará un pequeño respiro al Ministerio de Hacienda a la hora de cumplir los objetivos de déficit de este año 2017. Los Presupuestos, que pasan estos días sus últimos trámites parlamentarios antes de recibir el visto bueno definitivo, prevén un avance del PIB del 2,5%. Sin embargo, a medida que avanza el año, los datos muestran que esta previsión será superada con creces por la realidad. Tras el avance del 0,8% en el primer trimestre, las buenas cifras previstas para el turismo en el periodo estival, y los datos de empleo que se van conociendo, hacen prever que en el segundo y el tercer trimestre la economía podría acelerarse y crecer en torno al 0,9% o incluso más. Aunque haya una ligera desaceleración en el último trimestre, el crecimiento medio del año estaría en torno al 3,2%, según fuentes del Ejecutivo.

Esta mayor actividad económica se traducirá en más ingresos públicos. Las cuentas se diseñaron tomando de base un crecimiento del 2,7%, ya que el Gobierno anticipaba su posterior revisión. En concreto, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, por cada décima extra de crecimiento, habría unos ingresos adicionales del 0,04% del PIB, o lo que es lo mismo, si la economía crece el 3,2%, como espera el Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda contará con unos ingresos extra de unos 2.000 millones de euros, que le vendrán bien para cumplir el objetivo de déficit, del 3,1% comprometido para este ejercicio.

Lo que sí habrá serán desviaciones entre las distintas administraciones. De hecho, el Ministerio de Hacienda cuenta con ello. Las administraciones locales, como viene siendo habitual, volverán a tener superávit. La regla de gasto aprobada por el Gobierno central les impide gastar los ingresos extra que provienen de la mejora económica. Y ese superávit, que en 2016 superó los 7.000 millones de euros, servirá para compensar el mayor agujero de la Seguridad Social y del Estado.

De hecho, lo más probable es que el Estado no cumpla su objetivo de gasto, entre otras cosas por el acuerdo alcanzado con el PNV para lograr su apoyo a los Presupuestos, y que supone el traspaso de unos 1.500 millones desde el Estado hacia esta comunidad y sus diputaciones forales. Sin embargo, este hecho no preocupa al Ministerio de Hacienda ya que el mayor déficit del Estado será compensado por el superávit que con estos ingresos extra logrará el País Vasco. Y es que el gobierno autonómico no podrá gastar este dinero porque está obligado a cumplir la citada regla de gasto.

En caso de que no haya desviaciones, España podría incluso salir del Procedimiento de Déficit Excesivo de Bruselas este año, ya que ello exige bajar el desfase entre gastos e ingresos por debajo del 3% del PIB. En ese caso, escaparía del brazo corrector de la Comisión Europea en abril de 2018. España lleva desde que comenzó la crisis en 2008 bajo vigilancia de Bruselas por su déficit.

Junto a este factor, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advirtió hace dos semanas que España podría incumplir el déficit en este año 2017 por las sentencias judiciales que obligarán al Estado a rescatar las autopistas. Sin embargo, en el Ejecutivo creen que el impacto no llegará al menos hasta el año 2018 y, en todo caso, serán gastos de una sola vez, con lo que no afectarán a la evolución estructural del déficit.

Mientras, los presupuestos prosiguen su tramitación en el Senado, donde lo previsible es que salgan sin ninguna enmienda. A estas alturas del ejercicio, los cambios que quieran introducirse se harán ya en las cuentas de 2018, que tienen que empezar ya a tramitarse.

Consejo de Política Fiscal
De hecho, el techo de gasto debe ser aprobado en Consejo de Ministros antes de que acabe este mes de junio, fecha en la que el Gobierno mejorará su estimación de crecimiento. Antes de que el Ejecutivo apruebe el corsé al desembolso de las cuentas de 2018, Hacienda deberá convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar los objetivos de déficit verticales –es decir, para el conjunto de las comunidades autónomas– para 2018 a 2020. También deberá convocar otra reunión con los consejeros autonómicos para aprobar los planes de ajuste económicos-financieros de las regiones que incumplieron déficit y deuda.

El Ejecutivo considera que, si hay voluntad política, no será difícil volver a contar con los mismos apoyos que este año para las cuentas de 2018. Algunas de las medidas pactadas con PNV, Nueva Canarias o Coalición Canaria para lograr el apoyo a estos presupuestos afectan a presupuestos venideros, por lo que de no salir adelante las cuentas de 2018 se perjudicaría a estas regiones.

La intención del Gobierno es ampliar algunas de sus promesas, como subidas a los funcionarios mayores al 1%, para el año que viene. En todo caso, siempre quedaría la posibilidad de prorrogar los Presupuestos de 2017 algo que, reconocen en el Gobierno, da mala imagen política, pero permite controlar más el gasto, ya que si se prorrogan los Presupuestos no se subiría el sueldo a los funcionarios ni se darían entregas a cuenta del sistema de financiación a comunidades autónomas distintas a las de este año.