El escándalo de Odebrecht causa daños colaterales en varias compañías españolas

Las empresas españolas no se libran de la onda expansiva del terremoto Odebrecht, el mayor caso de soborno internacional de la historia. FCC, Acciona y Enagás se asociaron a la constructora brasileña para acometer en Latinoamérica grandes proyectos de infraestructuras que, tras estallar el escándalo, están en el ojo del huracán. La controvertida empresa llegó a crear todo un departamento de sobornos en su seno, ha reconocido haber pagado 744 millones de euros a funcionarios, políticos y partidos de una docena de países y su presidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado en 2016 a 19 años de prisión.

FCC: metro de Panamá
El escándalo puso en jaque la financiación de uno de los proyectos estrella de FCC, la construcción de la línea 2 del metro de Panamá. La compañía española, hoy en manos del magnate mexicano Carlos Slim, se impuso en mayo de 2015 en la licitación, en alianza con la brasileña y la francesa Alstom. Una de las particularidades de la concesión es que las firmas se debían encargar de buscar la financiación. Citigroup, una de las entidades que se había comprometido a participar en el crédito sindicado por cerca de 189 millones de euros, decidió retirar su apoyo financiero al conocerse la magnitud de la red de corrupción de Odebrecht.

La incertidumbre en torno a qué entidad sustituiría a la norteamericana, así como la capacidad del consorcio de la línea 2 para acometer las obras hizo temer por la viabilidad financiera del contrato, aunque el Gobierno panameño trataba de despejar las dudas sobre su grado de cumplimiento, que consideraba satisfactorio. «La verdad es que la financiación es un asunto 100% del consorcio, y hasta el momento la obra va bien, con una ejecución del 33%», explicó en una comparecencia pública una de las figuras más poderosas del Gobierno panameño, Roberto Roy, presidente de la junta directiva del metro de Panamá y ministro para Asuntos del Canal.

La solución llegó esta semana. Y en ella ha sido providencial (como viene siendo habitual en la empresa antes controlada por la familia Koplowitz) la intervención de Slim y su aparentemente inextinguible capacidad de liquidez: la prensa local ha señalado a Inbursa, brazo inversor del azteca, como reemplazo de Citi. Participará también la suiza UBS. Ello permitirá afrontar, de momento sin más sobresaltos, la que es una de las principales apuestas internacionales de FCC.

Odebrecht ha reconocido haber realizado pagos corruptos en Panamá por importe de 56 millones de euros, con lo que habría obtenido un beneficio de más de 165 millones.

Acciona: metro de Quito
Acciona participa junto a Odebrecht en las obras de otro tren subterráneo, el metro de Quito. En octubre de 2015, a través de un consorcio al 50% con la compañía brasileña, se adjudicó la segunda fase de la línea 1, con un importe de más de 1.450 millones de euros. Se trata de una obra compleja que incluye un túnel de 22 kilómetros y trece estaciones.

En este caso, Acciona podría llegar a resultar beneficiada por los problemas de Odebrecht. La brasileña solicitó a finales de 2016 retirarse del consorcio y ceder su parte en el proyecto a su socio español, de modo que este se quedaría con el 100%. La decisión no está aún tomada.

Según los documentos revelados por el Departamento de Justicia de EE.UU., Odebrecht pagó a funcionarios públicos en Ecuador 32 millones de euros, con los que obtuvo 110 millones de beneficios.

Enagás: gasoducto del sur peruano
Enagás se embarcó junto a Odebrecht en el mayor proyecto energético de Perú. En junio de 2014 se adjudicó la construcción, operación y mantenimiento del gasoducto del sur peruano (GSP), de mil kilómetros de longitud, a un consorcio formado en un 75% por la compañía brasileña y un 25% por la española. La inversión total rondaba los 4.725 millones de euros. Posteriormente, Graña y Montero se hizo con un 25% a costa de Odebrecht.

Sin embargo, con las obras ya en marcha, los problemas de Odebrecht y el cierre del grifo de los bancos impidieron que el consorcio acreditase los recursos para completar el proyecto el pasado 23 de enero, fecha del cierre financiero. Por ello el Gobierno emprendió al día siguiente el proceso para cancelar la concesión.

En la cuenta de pérdidas y ganancias de Enagás, el impacto negativo es de 41,5 millones de euros, según la compañía. Sin embargo, la gasista española espera recuperar la inversión realizada y las garantías depositadas en un máximo de tres años. Hasta ahora, había invertido 260 millones de euros, aportó 153 millones de euros en garantías bancarias por un préstamo puente y 62 millones en garantías de fiel cumplimiento. El Estado debe subastar los bienes de la concesión, adjudicárselos a un nuevo concesionario y, con la suma obtenida en la subasta, abonar a los hasta ahora adjudicatarios hasta el 100% del valor contable neto de los bienes de la concesión. En todo caso, Enagás estudiará presentarse a la nueva licitación.

De acuerdo con la documentación hecha pública por EE.UU., entre 2005 y 2014 Odebrecht pagó en Perú 27 millones de euros en sobornos, con un beneficio de más de 135 millones.