¿Empresas manejadas como gobierno?

El papel de un Estado fuerte con gran capacidad regulatoria y supervisora en la economía es muy necesario en nuestros tiempos cuando algunas actividades se han desordenado y anarquizado. La intervención en la empresa como solución es solo deseable si es transitoria y correctiva; pero al convertirse en permanente será solo cambio de dueño sin cambio en las reglas; sin experiencia empresaria y debilitando el control. Confundiendo tres ámbitos que deberían estar separados, el de Gobierno, el político y el empresario.

Parto de la premisa de que las actividades comerciales, industriales y de servicio son principalmente privadas por antonomasia. Y que el rol del Estado es principalmente de definir políticas y estrategias, desarrollar infraestructura física y ejercer control y regular. Por otra parte entiendo que en el caso de manejo de recursos naturales y servicios públicos masivos, si se maneja adecuadamente, el sector público debería / podría tener un rol de accionista o de gestión. Esta afirmación tiene que ver con la definición de empresario, y con el rol del Estado como regulador del empresario.

El empresario se define como quien de modo profesional, organiza un conjunto de recursos humanos, de capital y tecnología con conciencia de inclusión social, y toma decisiones estratégicas para orientarlos al objetivo de producir bienes y servicios para colocarlos en el mercado, tomando riesgos patrimoniales, jurídicos y operativos y asumiendo la responsabilidad legal y comercial frente al entorno y esperando a cambio la obtención de un beneficio. Tiene el rol de propietario, capitalista, administrador y emprendedor o innovador y tomador de riesgos. Suele ser el dueño de la empresa o al menos tener parte de las acciones; en el caso de empresas de capital abierto, los presidentes ejecutivos se asimilan a la figura del empresario, pues casi siempre su éxito y su compensación están ligados al éxito de la empresa que dirige. Es el doliente; más precisamente es alguien a quien “le duele el bolsillo” cuando las cosas salen mal.

Los gobiernos se han caracterizado por una orientación a la eficiencia, con poco éxito en la efectividad; mientras que las empresas, sin dejar de lado la eficiencia, deben consolidar la efectividad, pues si ellas no lo hacen, su competidor lo hará.

Cuando el Estado (o gobierno, sinónimos en este artículo) decide ser empresario se introduce en un territorio en el que no se desenvuelve con comodidad, pues no fue diseñado para eso. Es difícil inducirle competitividad genuina a esa empresa que la convierta en excelente, partiendo del principio de negocios de que la calidad no se obtiene por decreto sino porque es un buen negocio tenerla.

Tampoco se le anulan las leyes del mercado; simplemente se le aplican a él también. Si decide que no las cumplirá, entonces creará distorsiones por el poder extraordinario que tiene sobre el mercado lo cual se reflejará en precios bajos, calidad baja y principalmente escasez. Es muy difícil simular una situación de competencia.

Los razonamientos van orientados a evitar que las empresas en manos del Estado se conviertan en instrumentos de política y en vehículos de subsidios. Las políticas deben ser parejas para todos, y los subsidios deben declararse abiertamente como tales, como transferencias directas, y no como reducciones de precio en bienes o servicios.

Sin desconocer que existen áreas en las cuales el Estado debe dar un subsidio por precio, tales como el transporte subterráneo y el servicio eléctrico residencial, que siempre lo requerirán.

La asistencia social es una dimensión diferente que no pasa por la intervención de las empresas; de hecho, cuanto más empresas privadas, más capacidad de generar empleos sólidos y de calidad, así como más responsabilidad e inclusión social empresarial.

A estas alturas de nuestra civilización latinoamericana y vernácula, inserta en un sistema mundial de interdependencias casi irreversibles, los mercados se hicieron más complejos y la actividad empresarial privada se sofisticó y profesionalizó.

El riesgo está en inducirle a las empresas públicas todas las limitaciones de un ente de gobierno, quitándoles competitividad y oportunidades de éxito; e inducirle al gobierno una flexibilidad peligrosa que pueda llevar a la corrupción en ambos lados: en las empresas manejadas como gobierno y en el gobierno manejado como empresa.

Lo que es bueno para el Gobierno, no puede ser malo para la empresa; y viceversa.