Economistas del FMI concluyeron que las empresas públicas son un 33% menos productivas que las privadas

El descalabro económico y financiero que está provocando la pandemia de la COVID-19, con un aislamiento que va en camino de superar los dos meses en el caso de la Argentina, llevó a propuestas desafortunadas que trascendieron del Frente de Todos, de que el Estado ingrese como accionista en las empresas auxiliadas con créditos blandos para capital de trabajo, y pago parcial de salarios para sostener las fuentes de empleo, mientras se prohíbe a los empleadores disponer reestructuraciones con suspensiones y despido de personal.

La iniciativa recibió un rechazo generalizado de los empresarios, ya que no se trata de un auxilio a los dueños sino directamente de un subsidio focalizado en los trabajadores hecho con una milésima proporción de los recursos que el Estado nacional recibe a través del cobro de impuestos a los empleadores y a los propios consumidores, mientras resiste un ajuste del gasto propio que alimenta con aumento de la nómina diariamente.

Asimismo, un estudio de economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a la siguiente conclusión: “Las empresas estatales son, en promedio, un tercio menos productivas que las privadas. Ese desempeño decepcionante se debe en parte a la mala gobernabilidad: la productividad de estas empresas en países que parecen tener menos corrupción es más de tres veces mayor que en los casos de corrupción elevada”.

El trabajo de Vitor Gaspar, Paulo Medas y John Ralyea resalta: “La relación entre los gobiernos y las empresas estatales no siempre es sencilla. Los gobiernos crean empresas con objetivos o mandatos concretos, como el suministro de agua y electricidad o rutas de transporte que no serían rentables para el sector privado. Pero esos mandatos muchas veces no están respaldados por un financiamiento suficiente, y eso acarrea consecuencias para la vida de la gente. Las empresas estatales no cumplen su cometido cabalmente en muchos países en desarrollo, donde más de 2.000 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable y más de 800 millones carecen de un suministro fiable de electricidad”.

En el caso de la Argentina, los últimos datos sobre condiciones de vida en los aglomerados urbanos, con poco más de 9,3 millones de hogares y 28 millones de habitantes, dieron cuenta que a fines de 2019 no accedían al agua corriente más de 10%; se elevaba a casi 30% en el caso de quienes no reciben gas de red, un porcentaje similar no cuenta con red de cloacas y más de 11% residen en zonas inundables…