Ley de alquileres se ajustará sobre la marcha

Movimientos de inquilinos y abogados aseguran que es un texto justo que «rescató el carácter humano el alquiler». Para los movimientos de inquilinos que intervinieron en la elaboración de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda y sus abogados, lo primero que logra el nuevo instrumento es regular una materia que estaba a la deriva y donde cada quien imponía «las leyes especulativas del mercado a beneficio de los especuladores que usan la vivienda como una mercancía».

Por otra parte, señalan que «se humanizó el alquiler en condiciones más justas para los arrendatarios».

Esas afirmaciones contrastan con la opinión de abogados defensores de propietarios y de las redes de arrendadores, que se han organizado para oponerse a medidas en el mercado de alquileres que ha tomado el Gobierno y que comenzaron con la congelación de cánones en 2003.

Las relaciones arrendatarias entre propietarios e inquilinos viven en medio de litigios y fricciones;

aunque no en todos los casos, pues hay historias de conciliaciones y acuerdos.

Polémica en torno a la ley.

Cora Farías, abogada, profesora universitaria y corredactora de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios de 1999 (derogada el 12 de noviembre de 2012) enfatiza que el nuevo texto «no resuelve ni resolverá los problemas que se han intensificado con las últimas medidas porque es un texto muy desigual, que se inclina demasiado a favor del inquilino y deja al propietario como el débil jurídico».

Farías, quien ha criticado el método que aplicará la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas (Sunavi) para fijar los cánones de alquiler, señala que no todo está mal: «Yo sí creo que se puede reformar». No obstante, no oculta que les ha recomendado a los propietarios que no alquilen bajo los parámetros de la nueva ley porque les llevará entre ocho y 10 años recuperar su inmueble.

Por su parte, Marcos Moreno, abogado defensor de inquilinos, asegura que la ley es equilibrada con las partes: «Lo que pasa es que aquí se acostumbró a la gente a que las leyes las hacían los poderosos, los que tienen bienes y especulan con la necesidad de la gente… les parece desigual porque se incluye por primera vez a los débiles jurídicos, se protege en la parte más humana a quienes alquilan porque no tienen para comprar una casa propia».

El abogado insiste en que la ley es señalada como injusta porque fueron los propios afectados (los inquilinos) que pidieron que se los tomara en cuenta: «Todo esto tiene que ver con que por primera vez, como nos viene pasando en la revolución bolivariana, los excluidos de siempre y los que sí fueron débiles jurídicos han sido tomados en cuenta».

Cora Farías admite que se cometían abusos por parte de algunos propietarios. «Aquí en algunos casos había mucha especulación y propietarios que querían sacar a la gente sin cumplir pasos. Eso lamentablemente no fue bien manejado por las autoridades y por eso surgieron los movimientos de inquilinos, que se unieron para defenderse… lo que pasó después, fue que como bandera política, lamentablemente el tema se politizó y la Asamblea Nacional agarró la redacción de la ley las cosas tampoco se manejaron bien porque no se hizo un texto justo, equitativo para las partes, que tuviera mecanismos de conciliación y muy importante, que el propietario pudiera recuperar en un tiempo justo su vivienda», resume Farías.

En defensa.

Abogados de la Sunavi, que prefieren hablar bajo anonimato, defienden la ley de y aseveran: «Es muy nueva, apenas tiene un año, nunca antes se había abordado tantos aspectos como el registro nacional de arrendatarios y arrendadores, regulación de cánones con una fórmula científica y justa entre las partes… creemos que hay que darle tiempo para la adaptación, son muchas cosas que hay que ir poniendo en orden».

La abogada y directora de la Red de Propietarios, María Elena Navarro, aunque afirma que la ley de alquileres deja al propietario desprotegido y «se inclina muy a favor del inquilino», señala que no todo es desechable y se pueden hacer modificaciones.

Asimismo, reconoce que la Sunavi ha venido trabajando y durante un año ha tratado de adaptarse a los cambios: «Lo que pasa es que no tiene infraestructura ni suficiente personal».

Cora Farías también reconoce la labor de la superintendencia: «Me consta que en Sunavi han trabajado, aun con infraestructura limitada; lo que pasa es que no es fácil la cantidad de casos y funciones que le toca asumir».

Maglene Sierralta, de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos, defiende la ley a capa y espada, y aunque dice que hay puntos que se pueden revisar e incluso cambiar si es necesario: «Jamás vamos a aceptar que pidan la derogatoria de una ley que elaboramos los colectivos y que rescata el carácter humano del alquiler… que se olviden esos grupos que sabemos están promoviendo la solicitud de una derogatoria».

Historias.

La situación ha generado muchas historias dramáticas de parte y parte.

Marina Cárdenas cuenta que, cuando le pidieron desocupación hace cuatro años del apartamento donde vivía con su dos hijos pequeños, no tuvo más otra opción que irse a casa de sus padres en el barrio La Trilla en la Av. Panteón, en una reducida habitación:

«No tenía dónde ir ni sabía qué hacer porque no conseguía nada para alquilar y lo poco que había era demasiado caro y no lo podía pagar».

Del lado opuesto está el caso de Perla Mosquera, quien dice que batalló hasta que logró sacar a los inquilinos. En 2005 empezó una demanda de desalojo: «Les alquilé mi segundo apartamento en Quinta Crespo, una casa que me quedó de mi primer matrimonio. Cuando me jubilaron, decidí arrendarlo para pagar las medicinas, pero cuando les iba a aumentar me dijeron que no me iban a pagar el aumento y que tampoco se irían. Me moví en todas partes, cielo y tierra, pensé que perdería mi casa y en eso pasé seis años, hasta me enfermé; pero lo recuperé»…