Una cláusula que pasó desapercibida de los bonos de Venezuela en default podría hacer perder miles de millones de dólares a sus acreedores

Ahora que Venezuela entra en su tercer año completo de incumplimiento, sus obligaciones se han convertido en una idea de último momento incluso para sus mayores acreedores.

Con un valor de solo unos cuantos centavos por dólar, decenas de miles de millones en bonos pasan días a la vez sin negociarse. Las sanciones impiden que los inversores estadounidenses los compren y hacen que la perspectiva de una reestructuración a gran escala sea casi imposible. Y sin un final a la vista para el estancamiento político en Caracas, no es de extrañar que pocos acreedores hayan tomado la costosa medida de llevar al gobierno a los tribunales.

Sin embargo, eso pronto podría convertirse en un error aún más costoso.

Enterrada profundamente en el prospecto de cada bono soberano emitido desde 2005, o casi US$30.000 millones, hay una cláusula poco conocida que le permite a Venezuela librarse del interés no pagado a cualquier acreedor después de tres años, siempre que el acreedor no tome acciones legales para obtener un reembolso durante ese lapso. Conocida como “cláusula de prescripción”, reduce el periodo de limitaciones habitual para los bonos regidos por la ley de Nueva York a la mitad. Entonces, con el tercer aniversario del incumplimiento del país en noviembre, los acreedores tomados por sorpresa podrían terminar perdiendo miles de millones en intereses vencidos.

Ninguno de los tenedores de bonos contactados por Bloomberg News dijo estar al tanto de la cláusula. Tampoco lo estaba Mitu Gulati, profesor de derecho especializado en contratos de bonos soberanos en la Universidad de Duke. Tan rara es la cláusula que Gulati dice que solo la ha visto en unos pocos documentos de bonos.

“Esta es definitivamente una ventaja para el deudor porque el acreedor puede perder todos sus derechos si se agota el tiempo”, asegura Gulati, quien revisó los documentos, que a menudo tienen cientos de páginas.

Un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela rehusó hacer comentarios. Según una persona cercana al Ministerio, el gobierno de Maduro está estudiando el tema para encontrar una solución antes de la próxima fecha límite.

Un representante de su rival, Juan Guaidó, el líder de la oposición reconocido por Estados Unidos como el jefe de estado legítimo, también declinó comentar más allá de una declaración de julio que establece los principios de reestructuración de deuda de su equipo. En él, el equipo de Guaidó le pide a los acreedores que se abstengan de seguir recursos legales y dijo que “analizará” las propuestas para extender cualquier periodo de limitaciones mientras busca renegociar su deuda.

Por supuesto, la cláusula no es un comodín para el emisor. En ausencia de una renegociación de la deuda, Venezuela todavía está legalmente obligado a pagar el capital que debe en su totalidad. Y para los acreedores que enfrentan la posibilidad de grandes pérdidas en su capital en cualquier gran negocio con Venezuela, el interés vencido podría no estar entre sus principales preocupaciones.

No obstante, está en juego el riesgo de renunciar al derecho a recuperar miles de millones de dólares. Es difícil obtener cifras precisas, pero Venezuela deberá al menos US$2.000 millones en intereses acumulados para cuando expire el plazo de prescripción. La cláusula también podría afectar los flujos de efectivo futuros a medida que vencen, haciendo que la cantidad se dispare con el tiempo.

EEUU y gran parte de la comunidad internacional reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela (Reuters)
EEUU y gran parte de la comunidad internacional reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela (Reuters)
El origen

La mayoría de los valores que contienen la cláusula se vendieron originalmente en el mercado interno, como parte de un esfuerzo del gobierno para aliviar la presión sobre su mercado de divisas estrictamente controlado. A los inversores locales se les permitió comprar los bonos con bolívares y luego invertirlos en los mercados internacionales como un medio para obtener muy necesarios dólares. Actualmente, entre los principales tenedores de bonos se incluyen Pimco, BlackRock Inc. y Grantham Mayo Van Otterloo & Co., quienes declinaron comentar sobre la cláusula.

No está claro quién sugirió realmente insertar la cláusula, que ha aparecido en los documentos que rigen los bonos emitidos por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro por más de una década. Un importante banquero involucrado en las ofertas se sorprendió de que existiera y no pudo recordar cómo llegó allí. Arnold y Porter Kaye Scholer y Sullivan y Cromwell, que redactaron los prospectos como asesores legales en ese momento, también declinaron hacer comentarios.

Por supuesto, los inversores pueden evitar que sus reclamos se anulen haciendo una “presentación de pago” dentro del periodo requerido. Según expertos legales, si esto significa enviar una carta solicitando el pago, presentar una demanda o reunir un grupo de acreedores para exigir el reembolso inmediato de un bono en particular, está abierto a interpretación.

Las intenciones de Venezuela también están en debate. El gobierno de Maduro, que la administración Trump ha tratado de aislar apoyando a Guaidó, podría usar la cláusula como moneda de cambio para ganarse a los acreedores mientras busca nuevo financiamiento y apoyo político en el extranjero. Una posibilidad es ofrecer extender el periodo de limitaciones como signo de buena fe, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

“El gobierno de Maduro puede usar esto para motivar a los inversores estadounidenses a llegar a un acuerdo”, asegura Temir Porras, exasesor de Chávez y Maduro. “Esto le da al gobierno más influencia”.

Si las demandas comienzan a acumularse, de todos modos no sería problema de Maduro.

Debido a que los tribunales de Estados Unidos reconocen a Guaidó (y no a Maduro), es su equipo el que se encargaría de los honorarios legales y todos los diversos dolores de cabeza que conlleva el litigio. Además, los principales asesores legales de Guaidó han estado bajo presión esta semana, después de que la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, aprobara un fondo de litigios de US$20 millones, lo que generó críticas de algunos legisladores por la falta de supervisión. Guaidó, por su parte, ha indicado durante mucho tiempo que tiene la intención de jugar duro cuando se trata de reclamos de tenedores de bonos, porque el país necesita destinar la mayor cantidad de dinero posible para ayudar a los venezolanos del común.