Un fichero de clientes morosos para abogados
Son muchos los abogados que guardan en su cajón minutas que nunca llegarán a cobrar. A ningún profesional le gusta admitir que no ha cobrado por su trabajo, pero es algo con lo que muchos tienen que lidiar. Por esa situación ha pasado Laura, nombre ficticio de una letrada que solo acepta contar su experiencia desde el anonimato. Según reconoce, en más de una ocasión ha tenido que “echar para atrás” facturas “para evitar, al menos, tener que pagar el IVA”. Se trataba de impagos de escasa cuantía, de 250 o 500 euros, por los que “no merecía la pena reclamar”.
Hace seis meses, Martín, abogado que también prefiere no ser identificado por el posible desprestigio, asumió la defensa penal de un hombre acusado de provocar unas lesiones que podían costarle dos años de cárcel. Venía recomendado por un amigo, por eso nunca pensó que tendría que llegar a desistir del caso porque el presunto agresor, realmente, no estaba dispuesto a pagar. “Hicimos todo el trabajo previo con una hoja de encargo, eran 3.000 euros. Pero una vez presentado el escrito y, tras varias reuniones, 15 días antes del juicio tuvimos que renunciar”. Mediante presión, logró que le pagara los primeros 1.000 euros, comenta enojado, “pero no hubo manera de que abonara el resto”. Martín relata todo tipo de excusas. “Desde decir que se le había olvidado el sobre con el dinero en casa, hasta mandar justificantes de pago falsos”. El letrado lo tiene claro: “¿Por qué tengo que defender a una persona que no cree en mí y a la que luego, encima, tengo que perseguir y demandar? Estoy en la profesión para hacer mi trabajo y ser feliz”. En esta ocasión, pudo esquivar el impago, pero la renuncia al caso no siempre es posible; el juzgado no la admite si entiende que causa indefensión.
Detectar que un cliente que entra por la puerta del despacho es un potencial moroso no es fácil, incluso para los veteranos. ¿Y si hubiera un fichero de malos pagadores? El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha creado una herramienta que permite consultar datos sobre impago de honorarios de letrados. Por primera vez, los profesionales pueden saber si alguien que solicita sus servicios ya ha estafado a un colega. El Registro de Impagados Judiciales (RIJ) es una novedad mundial, explica Rafael Bonmatí, tesorero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en el que se recogen deudas reconocidas en sentencia firme. Solo en 2017, según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ejecutaron más de 2,39 millones de sentencias que dieron lugar a 1.936.796 títulos judiciales.
Bonmatí señala cómo se dieron cuenta de la necesidad de este fichero. “Hay personas que cumplen con Hacienda, Seguridad Social, bancos y compañías telefónicas; y con eso ya no aparecen en ningún listado”. Sin embargo, pueden dejar de pagar a su abogado, la pensión de sus hijos o al taller sin consecuencias. “Calculamos que cerca del 80% de la deuda crediticia no está registrada”.
