Samsung se queda sin cobertura

A la multinacional surcoreana Samsung, líder mundial de ventas de teléfonos móviles, no solo le han estallado en los últimos meses las baterías de su modelo Galaxy Note 7, que tuvo que ser retirado del mercado en octubre porque salían ardiendo. Sin tiempo para recuperarse de aquel monumental fiasco, que le provocará pérdidas multimillonarias, a la compañía le ha explotado en las narices otro escándalo aún mayor: la detención de su vicepresidente y «heredero», Lee Jae-yong, por un fétido caso de corrupción.

Acusado de pagar sobornos a cambio de favores políticos, apropiación de fondos y perjurio, Lee fue interrogado la semana pasada por su implicación en la trama de la «Rasputina» de Corea del Sur. Recordando al místico monje ruso que ejercía el poder en la sombra en la corte del zar Nicolás II, así ha sido apodada Choi Soon-sil, hija de un pastor religioso que fundó una secta en los años 70, por su extraño control sobre la presidenta Park Geun-hye, a quien le unen cuatro décadas de amistad.

Tal y como han revelado las investigaciones de la Fiscalía, que la ha imputado por extorsión, Choi se aprovechó de su estrecha relación con la presidenta Park para «convencer» a las mayores multinacionales del país, como Samsung, Hyundai y LG, de que «donaran» hasta 80.000 millones de won (63 millones de euros) a dos fundaciones que ella misma dirigía. El dinero, en lugar de ir a ambas fundaciones, acababa en sus bolsillos.

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19 de enero de 2017En el caso concreto de Samsung, los investigadores sospechan que el vicepresidente Lee ordenó el pago de 43.000 millones de won (34 millones de euros) a cambio de favores políticos del Gobierno surcoreano. Entre ellos destaca el respaldo del Fondo Nacional de Pensiones a una fusión de dos de sus compañías subsidiarias, que tuvo lugar en 2015 y resultó decisiva para que el ejecutivo, de 48 años, sucediera al mando de la compañía a su padre, Lee Kun-hee, retirado de la presidencia tras sufrir un infarto en 2014.

Una imagen muy dañada
Tales pagos de Samsung se hicieron en virtud de unos supuestos trabajos de consultoría efectuados por una compañía de Choi con sede en Alemania, Core Sports International. Junto a estos presuntos sobornos, Samsung le habría comprado carísimos caballos y cursos de equitación a la hija de Choi Soon-sil, quien fue arrestada este mes en Dinamarca por negarse a volver a Corea del Sur para declarar ante la justicia. Entre las pruebas con que cuenta la Fiscalía destaca una «tablet» de Choi con abundante información sobre los pagos de Samsung. «Hay casi cien correos electrónicos almacenados que tratan, en su mayoría, de cómo se fundó Core Sports International, el modo en que recibió fondos de Samsung y cómo se gastó ese dinero en Alemania», explicó el portavoz del comité especial que investiga el caso de corrupción de la «Rasputina», informa la agencia estatal de noticias Yonhap.

Un comité formado por varios directivos de Samsung se encargará de dirigir la empresa
Tras interrogarlo durante el jueves y el viernes de la semana pasada, los fiscales pidieron una orden de arresto para Lee Jae-yong, quien permaneció en el Centro de Detención de Seúl. Pero el Tribunal del Distrito Central de la capital surcoreana rechazó el miércoles dicha orden y Lee fue liberado a primera hora del jueves. En lugar de marcharse a su casa, regresó al tajo en la sede de la compañía.

Aunque Samsung trataba así de transmitir una sensación de normalidad, su imagen se ha visto seriamente dañada y su gestión ha quedado paralizada por la investigación contra el vicepresidente Lee. Mientras prosigue el esclarecimiento del caso, un comité formado por varios directivos de Samsung se encargará de dirigir la empresa.

«Es un alivio que haya evitado el arresto, pero aún no ha demostrado su inocencia», comentó un alto ejecutivo de la firma, que sufrirá un duro golpe si Lee es declarado culpable por un tribunal. Para empezar, sus negocios se verían afectados en todo el mundo y hasta podría ser prohibida en Estados Unidos en virtud de su Ley Anticorrupción, que veta a empresas salpicadas por este tipo de escándalos.

En un auténtico «annus horribilis», se trataría del segundo revés más serio de Samsung en pocos meses, tras la retirada del mercado del Galaxy Note 7 en octubre. Solo 70 días después de su lanzamiento a bombo y platillo, la compañía se vio obligada a apartarlo de la circulación tras salir ardiendo decenas de aparatos en varios países. Un fiasco que, según calculaba entonces la agencia Reuters, iba a costarle a la empresa un coste superior a los 15.000 millones de euros porque sus previsiones de ventas llegaban hasta los 17 millones de móviles.

Además de salpicar al «heredero» de Samsung, el escándalo de la «Rasputina» ha arrastrado a la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye. Suspendida por el Parlamento en diciembre, Park espera a que el Tribunal Constitucional ratifique o anule su destitución. Mientras tanto, el caso de la «Rasputina» sigue haciendo aflorar toda la podredumbre política y moral de Corea del Sur.

«Chaebols»: éxito y corrupción
Con un PIB de 1,2 billones de euros, Corea del Sur es la undécima economía mundial y uno de los «tigres asiáticos» junto a Taiwán, Hong Kong y Singapur. Un logro descomunal para un país que era de los más pobres del mundo cuando, en 1953, acabó la guerra civil que dividió a la Península Coreana entre comunistas y capitalistas a la altura del Paralelo 38. Este éxito, conocido como el «Milagro del Río Han», se debe a los «chaebols», las corporaciones empresariales creadas en los años 60 y 70 por familias cercanas al poder. Con negocios que van desde la electrónica y la telefonía hasta la automoción y la industria naviera, entre ellas destacan Samsung, Hyundai, Daewoo y LG. Pero todos estos «chaebols» se han visto manchados por la corrupción. Lee Kun-hee, «patriarca» de Samsung, fue condenado dos veces por soborno y evasión fiscal. El presidente de Hyundai, Chung Mong-koo, a tres años de prisión por desfalco, y el de Daewoo, Kim Woo-chong, a diez por estafa. Los tres recibieron amnistías presidenciales. En 2007, el Gobierno perdonó a 430 condenados por corrupción, entre ellos 160 grandes empresarios y 223 políticos, para reactivar la economía.