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Lo que hay que saber de la nueva reforma de telecomunicaciones mexicana

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general la iniciativa de reforma constitucional en telecomunicaciones, e inició el debate de modificaciones destinadas a quitar la concesión a los actores económicos dominantes que burlen las nuevas reglas.

El debate de la reforma –enviada hace diez días por el presidente de México, Enrique Peña Nieto– inició cerca de las ocho de la noche, cerrando una jornada que se caracterizó por una tensa negociación política en torno al propósito de formular reservas de consenso entre los grupos parlamentarios firmantes del Pacto por México (PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista).

Dichas modificaciones se refieren al establecimiento del porcentaje de cobertura que deberían tener los canales nacionales y las dos nuevas cadenas de televisión, para que sus contenidos se transmitan de manera gratuita por los sistemas de televisión restringida.

A fin de garantizar un soporte técnico para estos cambios, ante el temor de una eventual saturación satelital, se acordó inicialmente que todas las empresas con una cobertura nacional de entre 30 y 40% deberían subir sus canales al satélite, mismos que serían transmitidos de manera gratuita a través de cualquier compañía que ofrezca los servicios de televisión de paga.

Sin embargo, a propuesta del PRI, durante la mañana y tarde de ayer se buscó elevar ese porcentaje a 50%.

Esa modificación es una de las 18 reservas pactadas ya por los priistas, panistas y perredistas, mismas que se incorporaron al dictamen ya aprobado.

Hasta el cierre de este artículo se discutían en lo particular otras reservas sin consenso.

Mejores servicios

En representación del PRI, el vicecoordinador de la bancada, Héctor Gutiérrez de la Garza, justificó en tribuna la intensa negociación previa por conseguir que la reforma, dijo, garantice “más y mejores servicios a menor costo; regulación efectiva y combate a monopolios”.

El también presidente de la Comisión de Comunicaciones expuso: “Trabajamos muchas horas tratando de construir una propuesta viable que requiere las dos terceras partes de esta Cámara (…) Se incluyeron elementos para determinar con mayor claridad quién es un agente dominante”.

Gutiérrez de la Garza, a quien la diputada perredista Purificación Carpinteyro señaló como promotor de beneficios para Televisa, destacó que las modificaciones hechas por los diputados evitarán que las empresas monopólicas burlen al Estado.

“Ha quedado claro que aquel que se pretenda beneficiar utilizando simulación por conducto de terceros, ahora sí será sancionado. Será la pérdida de la propia concesión”, dijo el priista en referencia a una de las reservas del artículo octavo transitorio.

El PAN fijó postura en voz del diputado Juan Pablo Adame, quien se dirigió a los legisladores del PT y MC que impugnaron la reforma como la puerta de entrada para la privatización de Pemex, en referencia a la inversión extranjera.

“Se han venido a dar argumentos demagogos. El artículo séptimo en la fracción III de la Ley de Inversión Extranjera, ya permite el 100% de inversión extranjera directa en telecomunicaciones (…) Con esta reforma se democratiza la economía, banda ancha, la competencia”, dijo.

Por el PRD habló la diputada Carpinteyro: “Vamos en 180 días a tener que regular y a legislar para determinar cuáles son los tipos penales que aplicarán para aquellos que violen las condiciones de competencia”.

Lo que se avaló

Los puntos en los que sí se llegó a un acuerdo buscan tener mayor competencia y equidad en el mercado nacional.

El proyecto garantiza el derecho constitucional de acceso a la banda ancha e internet para todos los mexicanos, y pone a cargo del Ejecutivo la política de inclusión digital que prevé, entre otras metas, que al menos 70% de los hogares y 85% de las micro, pequeñas y medianas empresas del país tengan acceso a la descarga de información con la velocidad promedio registrada entre las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Prevé igualmente la tipificación de delitos en materia de telecomunicaciones, así como la creación de divisiones del Ministerio Público y tribunales especializados.

La reforma admite hasta ciento por ciento de inversión extranjera en el sector telecomunicaciones y de comunicación vía satélite, pero limita a 49% esa proporción en el área de radiodifusión. Como resultado de las negociaciones de las fracciones del PRI, del PAN y del PRD con el Consejo Rector del Pacto por México, se establece que en el caso de la radiodifusión se admitirá el referido porcentaje de capital externo, siempre y cuando en la medida que exista reciprocidad en el país de origen del inversionista.

Bajo el esquema de must carry-must offer, el documento señala la obligación de los sistemas de televisión vía satelite de retransmitir las señales de televisión abierta que alcancen 50% de cobertura nacional o correspondan a instituciones públicas, es decir, las de Televisa, Televisión Azteca, Canal del Congreso y Canal Judicial, entre otras.

Se establece la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como el órgano autónomo encargado de otorgar y revocar las concesiones en la materia, previa opinión técnica no vinculante del titular de la Secretaría de Comunicaciones.

Reservas de Consenso aprobadas

Estas son algunas de las redacciones que modifican el dictamen original de iniciativa de reforma.

En el inciso I del artículo octavo transitorio se añaden varios párrafos: Los concesionarios de televisión restringida vía satélite, sólo deberán retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas de cobertura de 50% o más del territorio nacional. Todos los concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales radiodifundidas por instituciones públicas federales. El Instituto Federal de Telecomunicaciones sancionará con la revocación de la concesión a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros concesionarios, sin perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. Se les revocará la concesión”.

En el artículo 28 se agregan diversos párrafos, destacando el de la opinión del Ejecutivo Federal para la asignación de concesiones:

El Instituto notificará al secretario del ramo, previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica no vinculante en un plazo no mayor a 45 días naturales. Fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la SHCP.

En el artículo Quinto Transitorio se añade:

Se permitirá la inversión extranjera directa hasta en 49% en radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última instancia a éste, directa o indirectamente”.

En el artículo Sexto se añade el término internet:

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”.



  • Ver original en America Economia
  • Publicado el lunes marzo 25, 2013
  • Noticia local de México


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