La pandemia sume a Argentina en una de sus peores crisis

Al dormitorio de la humilde vivienda de Natividad Benítez, en la barriada 1-11-14 de Buenos Aires, no llega la luz del sol y la cuarentena se hace interminable para ella y sus seis hijos.

En este espacio sin ventana donde las camas se juntan unas con otras y no se puede circular, días atrás uno de sus pequeños hijos saltaba sobre un colchón mientras otro acercaba la cara a la pantalla de un viejo televisor encendido. La hermana mayor mecía al bebé de cinco meses y la más chica dormía, ajena al ruido.

Benítez, una paraguaya que vive en Argentina desde hace 16 años, obtiene el equivalente a 133 dólares al mes por trabajar en la parroquia local y dos terceras partes se van en pagar el alquiler de su precaria vivienda, en la que no hay mesa, sillas ni estufa.

Ella y sus seis hijos sufren una de las situaciones más acuciantes en sus vidas tras la irrupción de la pandemia del nuevo coronavirus, que ha puesto a Argentina frente a un enorme desafío económico y social.

El COVID-19 irrumpió en medio de una crisis preexistente y a pocos meses de la llegada al poder de Alberto Fernández, un peronista de centro izquierda que prometió no soltarle la mano a sus compatriotas y poner a Argentina “de pie”.

Sin embargo, su promesa de ayudar a los más necesitados se ve amenazada por la situación actual que, según varios analistas, apunta a hundir al país en una de las peores crisis, casi como la vivida en 2001, y lo dejará con escaso margen para que su gobierno atienda a quienes más lo necesitan, como Benítez.

Para alimentar a sus hijos, esta mujer depende de la comida que cada día le ofrecen en uno de los seis comedores que el sacerdote Juan Isasmendi abrió en la villa 1-11-14 para asistir a un número creciente de vecinos asfixiados por la crisis.

“Sin la ayuda del padre no sé qué sería de mí”, dijo a The Associated Press la mujer de 32 años y quien también colabora en el comedor sirviendo desayunos. “Es imposible salir a buscar trabajo en esta situación de aislamiento y muchos que se quedaron sin nada buscan un plato de comida”.

Frente a la imposibilidad de que el gobierno cubra todas las necesidades, los comedores populares como los que dirige el sacerdote Isasmendi se han vuelto vitales para innumerables personas.

Desde que esos seis centros abrieron en la villa, luego de que el 20 de marzo comenzó la cuarentena, pasaron de servir 350 raciones diarias a 7.000.

Benítez dice que no recibe ninguna ayuda estatal porque carece de documento como residente, aunque sus hijos son argentinos, y a pesar de inició los trámites para obtenerlos, todo se paralizó por la pandemia.

El triunfo de Fernández en 2019 trajo de vuelta al poder al peronismo, un movimiento político argentino que tiene como uno de sus pilares la justicia social. Fundado a mediados de la década de 1940 y designado así a partir del tres veces presidente Juan Domingo Perón, ha hecho de las ayudas sociales a los sectores más vulnerables una de sus banderas a lo largo de la historia.

Pero ahora el reto es abrumador y la tarea tiene un resultado incierto, ya que la ayuda del Estado no alcanza en un contexto de parálisis de la actividad generada por el aislamiento obligatorio que comenzó hace casi tres meses.

Algunos economistas han advertido que una vez que la cuarentena se levante, será difícil lograr un rebote de la economía y pronosticaron que salir de la crisis será más difícil que luego de la crisis de 2001.

El Banco Mundial prevé que la actividad se contraerá 7,3% este año, una de las peores recesiones junto a las de Brasil y México. Pero economistas privados calculan que la caída llegará a 9,5%.

Algunos analistas anticipan que por la pandemia la pobreza se elevará del 35,5% al 45% de la población. Y según UNICEF, se ensañará con los niños, ya que prevé que del 53% de pobreza infantil registrada en 2019 se pasaría a 58,6% a fin de este año.

Días atrás, Mirta González y uno de sus dos hijos esperaron durante horas junto con decenas de personas para recibir un guiso en la Parroquia Santa María Madre del Pueblo en la villa 1-11-14.

“Estoy peor”, se lamentó la mujer, que se vio obligada a dejar su trabajo de empleada doméstica. “No me alcanza para ellos, ni ropa, ni comida. Me daba vergüenza venir, pero no me queda otra”.

González, que vive en un barrio de clase media cercano, cobra un subsidio estatal de 6.000 pesos (80 dólares) al mes, lo cual sólo le alcanza para pagar el alquiler.

El presidente palpa la angustia social.

“¿Alguien seriamente piensa que el sueño que yo tuve es una economía paralizada por una cuarentena? Quiero un país que produzca, que esté de pie”, dijo días atrás.

El mandatario afirmó que el Estado destinó 2,6% del Producto Interno Bruto a la atención de los sectores sociales afectados. Algunas de esas ayudas suponen 10.000 pesos (133 dólares) mensuales para trabajadores autónomos e informales.

Paradójicamente, el país que es uno de los mayores productores de alimentos, sufre además una creciente emergencia alimentaria.

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, dijo a la AP que antes de la pandemia ocho millones de personas recibían alimentos, “y hoy tenemos 11 millones”.

Eso incluye productos entregados o fondos transferidos a unos 5.000 comedores y la llamada tarjeta Alimentar, que cubre los gastos de comida de un millón y medio de familias mensualmente.

Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015) los subsidios se ampliaron debido a que el país había sufrido la crisis devastadora de 2001.

Una de las más famosas ayudas fue la Asignación Universal por Hijo –que hoy todavía está vigente– y esencialmente corresponde a los hijos de las personas desocupadas o que trabajan en el mercado informal.

Con el impacto de la pandemia, Fernández tuvo que profundizar la asistencia. Por ejemplo, en las un millón y medio de tarjetas Alimentar –creadas luego de llegar al gobierno—el Ejecutivo depositaba al mes 7.600 millones de pesos (unos 106 millones de dólares), pero en abril decidió dar un apoyo extraordinario y subió la suma hasta un total de 15.200 millones de pesos (212 millones de dólares) para que la gente pudiera comprar más.

Arroyo reconoció que la situación es “crítica” y apuntó que el peronismo la vive con una “gran responsabilidad y como un gran desafío”.

Acotó que Argentina cuenta con la ventaja comparativa de tener una “gran red social” integrada por iglesias de distintos credos y organizaciones gestadas durante la crisis de hace 20 años, muchas de las cuales reciben ayuda del Estado.

“Argentina tiene historia de haberse caído y haberse levantado”, sostuvo Arroyo.

Eduardo Donza, especialista en empleo y desigualdad de la Universidad Católica Argentina, dijo a la AP que este país de grandes riquezas naturales a veces “ha aprovechado sus oportunidades” y otras muchas no, en parte por la escasa presencia del Estado en algunos territorios, la falta de un modelo productivo inclusivo y la corrupción.

Donza consideró que el gobierno de Fernández está manejando adecuadamente la crisis sanitaria, pero debe acelerar la reactivación productiva con “políticas de Estado” consensuadas entre el sector político, sindical y empresarial, en particular el agropecuario con el cual “no se puede estar todo el tiempo peleando”.

El presidente ya anunció que enviará al Congreso una iniciativa para la creación de un Consejo Económico y Social que instrumente políticas de largo plazo para reconstruir la economía.

Sin embargo, el tiempo apremia y el contexto internacional es más adverso que después del 2001, cuando el país agroexportador se benefició por los altos precios de los granos en el mercado mundial.

Cristian Mosqueira, un indigente que duerme todas las noches al descubierto en una plaza de Buenos Aires, dijo la gente no puede esperar mucho más “y un día se va a cansar”.

“Le pediría al presidente que ayude más a los que realmente lo necesitan”, añadió.