Corrupción en la obra pública: un banco regional de desarrollo presentó sus 10 claves para prevenir ilícitos

En medio de las fuertes denuncias de corrupción que involucran los contratos de obra pública que realizan los gobiernos de América Latina -y algunas causas judiciales que concluyeron en condenas concretas- el Banco de Desarrollo de América Latina (ex Corporación Andina de Fomento) acaba de presentar su informe anual, conocido también como Reporte de Economía y Desarrollo RED 2019, en el que pone el foco justamente en la corrupción, en cómo identificarla, combatirla y en el mejor de los casos, prevenirla.

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El documento de 250 páginas que se dio a conocer este jueves en la ciudad de Quito -Ecuador- se tituló “Integridad en las políticas públicas” y consiste en un esquema en el que se abordaje de la corrupción desde distintas variables.

Luis Carranza, presidente de la Corporación Andina de Fomento, en la conferencia anual que se realizó este jueves 7 de noviembre de 2019 en Quito, Ecuador
Luis Carranza, presidente de la Corporación Andina de Fomento, en la conferencia anual que se realizó este jueves 7 de noviembre de 2019 en Quito, Ecuador

El titular de este organismo multilateral del que Argentina es socio pleno es el peruano Luis Carranza, quien en la apertura del evento no pudo evitar referirse elípticamente a las violentas protestas sociales que sacudieron y aún sacuden a Ecuador y Chile, si se quiere dos países que se ubican en los extremos del ranking de países desarrollados de la región.

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Carranza se planteó cómo se resuelve la tensión entre igualdad y libertad, un desafío que en definitiva forma parte del contrato social de las sociedades que progresan.

“En las sociedades que generan aumento de sus clases medias, éstas presionan sobre la política para que el Estado provea servicios de calidad. Si el crecimiento económico no genera un aumento de clases medias hay tensión entre lo político y lo social». En ese contexto, Carranza subrayó que en la región, 3 de cada 5 personas sienten que los ciudadanos no se preocupan por la corrupción, y 4 de 5 no creen en la eficiencia de la Justicia.

Carranza subrayó que «la corrupción aumenta los costos en infraestructura o permite que se realicen obras sin la rentabilidad social mínima requerida». Palabras que perfectamente aplican a la Argentina. Dicho sea de paso, la CAF mantiene hoy una cartera activa de créditos con la Argentina una cartera de préstamos e inversiones de US$ 3.578 millones, lo que representan un 14% de la cartera de préstamos e inversiones de CAF.» Funcionarios de la CAF dijeron que aún no tomaron contacto con las futuras autoridades para evaluar cómo sigue la relación financiera. Es decir, no tienen aún en agenda los desembolsos precisos que podrían producirse de ahora en adelante, ni los destinos concretos de esos eventuales desembolsos.

Conferencia CAF 2019, Quito, Ecuador
Conferencia CAF 2019, Quito, Ecuador

Volviendo al RED2019, la CAF presentó estas claves para prevenir la corrupción en la obra pública:

El RED 2019 plantea una serie de propuestas para promover una agenda de integridad comprehensiva alrededor de un conjunto de claves que incluyen:

1. Adoptar protocolos y fórmulas de decisión basadas en criterios objetivos.

2. Fortalecer los sistemas de auditoría y las capacidades investigación y administración de justicia.

3. Promover sistemas electorales competitivos y transparentes.

4. Profesionalizar el servicio civil y basar el ingreso a la función pública en el mérito.

5. Mejorar los sistemas de generación y difusión de información sobre el accionar del Estado y los funcionarios.

6. Empoderar a los ciudadanos y fomentar actitudes más vigilantes.

7. Garantizar el funcionamiento de canales de reclamo y denuncia, y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología para crear nuevos espacios.

8. Reforzar institucionalidad para evitar el pago y ofrecimiento de sobornos por parte de particulares e incentivar la adopción de programas de cumplimiento al interior de las empresas.

9. Invertir en una mejor regulación de las actividades de cabildeo, en la identificación y gestión de conflictos de interés.

10. Mejorar los procesos de decisión en actividades especialmente vulnerables, como la provisión de infraestructura pública.

El documenta señala que en primer término, se busca definir la magnitud del problema corrupción, aunque el mismo trabajo reconoce que “la corrupción es un fenómeno muy difícil de cuantificar, porque al tratarse de prácticas clandestinas, no hay bases de datos con información completa al respecto”.

Reconociendo esta limitación, el trabajo se vale de indicadores elaborados por Transparency Internacional, que muestran que la percepción de la incidencia de corrupción en América Latina y el Caribe es ligeramente mayor que en el resto del mundo, y mucho mayor que en países más desarrollados. En ese sentido, el trabajo pone a Chile, Costa Rica y Uruguay como los países donde se percibe menos corrupción. Argentina aparece en el puesto 6 en el “índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional que encabezan los tres países antes mencionados.

Eso en cuanto a la percepción de la sociedad en su conjunto.

Cuando los encuestados son empresarios, el peor lugar lo ocupa Venezuela y Argentina aparece en el puesto 8.

El documento fue coordinado por el economista argentino Pablo Sanguinetti, vicepresidente del área de Conocimiento de la CAF.

El Reporte “pretende hacer una contribución en esta agenda de reformas, repasando los avances y tareas pendientes en cuatro ámbitos de acción: el funcionamiento de las instancias oficiales de monitoreo y control de los funcionarios; los mecanismos de entrada a la burocracia y a la política, y su papel en la atracción y reclutamiento de individuos idóneos e independientes; el control externo vía iniciativas de transparencia y participación ciudadana; y regulaciones para controlar la influencia de los intereses de empresas y particulares en las decisiones del Estado.

“El análisis sugiere que el esfuerzo realizado hasta ahora ha sido importante, pero aún hay un largo camino por recorrer para llenar vacíos legales o regulatorios y para asegurar la implementación efectiva de muchas de las medidas que se han propuesto. En particular, es necesario invertir en las capacidades de los organismos que forman el ecosistema de las políticas de integridad como contralorías, tribunales electorales, fiscalías, cortes, agencias de administración del servicio civil, entre otros”, aseguró Sanguinetti.

Sobre las “reglas de control en la función pública” recomienda usar protocolos y criterios objetivos para la toma de decisión cuando sea posible. En cuanto a los “mecanismos de entrada a la burocracia y a la política” señalan que sería aconsejable “potenciar sistemas electorales más competitivos y transparentes, profesionalizar el servicio civil y aumentar el atractivo de la función pública” En lo que se refiere a Transparencia y monitoreo ciudadano” lo aconsejable es proveer información de calidad, garantizar acceso y efectividad de los canales de reclamo y fomentar actitudes y aptitudes para una ciudadanía vigilante”.

Finalmente, en el área de “Gobernanza de los intereses privados” propone “regular las actividades de lobby y los conflictos de interés, reforzar sectores vulnerables, como la construcción de infraestructura y fortalecer la institucionalidad contra pago y ofrecimiento de sobornos”.

Sanguinetti concluye con esta reflexión: “Para el avance efectivo de reformas se requieren ciertas condiciones: un sistema político contestable; coordinación ciudadana alrededor de la agenda; y un encargado o líder con credibilidad para la propuesta e implementación de cambios. Algunos factores pueden facilitar y catalizar los cambios, incluyendo la cooperación internacional, la integración a los mercados, y la tecnología”.