¿Una nueva subida del salario mínimo en España dañaría al trabajador?
El nuevo Gobierno propone una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.200 euros mensuales antes de que acabe su legislatura. Esta revelación es una estrategia política directa, conmovedora y populista con un impacto inmediato en las cifras de empleo, según afirman numerosos economistas y expertos.
¿Cuáles serían las posibles repercusiones de tal medida si llega a ejecutarse? Por un lado, las empresas se verían obligadas a realizar ajustes en todos los salarios de sus empleados. Si las personas con una baja cualificación o rango profesional y académico obtienen un sueldo mayor y se aproximan a trabajadores con una categoría profesional superior, lo lógico sería aumentar también gradualmente todas las bandas salariales.
Si el Gobierno pretende proteger a los más débiles, sería importante considerar un incremento con el que la diferencia de salarios sea efectiva, realista, igualitaria y ética. Por el otro lado, lo que podría ocurrir si no se generan estos cambios correlativos, sería la desmotivación, el desinterés, la pérdida de confianza o la frustración de las personas de cualquier equipo de trabajo. Imaginemos un trabajador que realiza funciones de supervisión y que después de dichos ajustes llegara a ganar lo mismo que las personas que supervisa. En casos así no habría diferencias salariales y un trabajador con mayores responsabilidades y cargas laborales ganaría lo mismo que el que no las tiene.
En resumen, esta apertura y ampliación del ingreso económico de trabajadores de una misma categoría profesional generaría una desigualdad con otros de ámbito superior, con considerables efectos en el clima de la organización, en la actitud y, en cascada, en la productividad empresarial. Los gobiernos de izquierda en Latinoamérica cayeron también en ese síndrome de aumentos compulsivos del SMI que detuvieron prohibiendo los despidos y decretando por ley aumentos en todos los niveles salariales. Este tipo de medidas, si las aplicamos también en España bajo la excusa de proteger a los trabajadores, sería el epicentro de un terremoto económico de consecuencias incalculables.
Ya hemos visto lo inadecuado de la medida implantada recientemente de registrar obligatoriamente el tiempo de trabajo para supuestamente evitar que exista un abuso con las horas extras. Al final, el más débil termina aceptando formas paralelas de registro de sus horas para que las empresas no las tengan que pagar. En empresas que tienen pocos trabajadores, el fichaje de horas se hace de forma manual en un registro escrito. Sería fácil negociar la firma de una determinada hora para evitar enfrentarse a todos los gastos que conlleva, consiguiendo, de nuevo, la desprotección de las personas sujetas a una relación laboral y la disminución de los ingresos a la Seguridad Social…
