La banca portuguesa acumula 33.000 millones de euros en créditos de alto riesgo

La banca portuguesa vive una situación tan explosiva que acumula nada menos que 33.000 millones de euros en créditos de alto riesgo, según la preocupante radiografía efectuada por el Programa Nacional de Reformas (PNR).

El informe lanza varias alertas sobre el sector en su conjunto, enfangado en los últimos años por culpa de un aluvión de préstamos que se han revelado difíciles de recuperar, en gran parte por las dificultades experimentadas por numerosas empresas.

El Gobierno socialista de António Costa ya tiene decidido dar carta de naturaleza a este informe, que vincula con el Programa de Estabilidad para este año y, sobre todo, también se afana en aportar posibles soluciones.

Los particulares engrosan igualmente la estadística, que representa un 8% del balance de los bancos (el 12,6% del valor bruto inicialmente aprobado), pero la partida más inquietante corresponde a los 18.800 millones de euros puestos en su día sobre la mesa para incentivar la actividad de firmas que hoy bordean los números rojos, de acuerdo con las estimaciones del prestigioso semanario ‘Expresso’.

Nada extraño, por tanto, que el Banco Central Europeo (BCE) considere a Portugal como el cuarto país con mayor debilidad financiera, tan solo por detrás de Chipre, Grecia e Italia. Un retrato que tiene en vilo al ministro de Finanzas, Mário Centeno, cada vez más acorralado por la oposición a raíz de su continuo caminar sobre el alambre para cuadrar unas cuentas públicas que únicamente se ven aliviadas por la fuerte recaudación procedente de la fuerte subida de impuestos indirectos (alcohol, tabaco, gasolina, peajes).

En cualquier caso, la situación económica se encuentra estrangulada por las consecuencias que acarrean los ‘rayos X’ de este documento: se bloquea la entrada en beneficios de los balances bancarios, penden los datos como una espada de Damocles que amenaza la estabilidad aparente y se limita de forma considerable la capacidad para financiar proyectos e invertir en I+D.

Lo que resulta evidente es que semejante ‘dolor de cabeza’ no deja de crecer para las instituciones, abocadas a buscar soluciones si no quieren ser testigos de un deterioro tan grande que acabe de arrastrar al país vecino al abismo. Mucho más cuando se avecinan las nuevas calificaciones tanto de la agencia canadiense DBRS (única que mantiene a Portugal en la categoría de ‘apto para los inversores’) como de la estadounidense Moody’s, nada convencida de abandonar su etiqueta de ‘bono basura’.

¿Soluciones en el corto y medio plazo? La ecuación no se dibuja precisamente sencilla, pero el Programa Nacional de Reformas apunta determinadas directrices para encauzar la maltrecha senda: cambios en el contexto legal y judicial, reforzar la supervisión cautelar (es decir, mejorar los filtros para que no se repitan los despropósitos que han desembocado en el encallamiento financiero actual) y dinamizar el mercado secundario de crédito problemático.

Penalizaciones a bancos
De esta forma, el Ejecutivo que alcanzó el poder por una moción de censura contra el anterior primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, trata de sentar las bases para una banca más saneada. Entre las nuevas exigencias que se prevén, llama la atención la solicitud a las entidades de un plan de objetivos más acorde con sus cifras reales, en lugar de obcecarse en lograr metas que posteriormente se revelan imposibles.

El informe señala: «En septiembre de 2016, el montante de crédito vencido en el sector financiero privado ascendía a 20.000 millones de euros. Pero, si se abarca un concepto más amplio del crédito malparado, el valor total es de 33.000 millones, esto es, el 12,6% de la cantidad bruta de crédito concedida».

Y añade: «De forma simultánea, el supervisor debe acompañar su desarrollo con una definición de las penalizaciones para los bancos que incumplan sus planes, así como un mecanismo de incentivos para aquellos que logren finalizar con éxito sus estrategias».

La situación del sector
El Estado portugués ha gastado ya 13.000 millones de euros desde 2007 para evitar el desplome de la banca. Una factura muy alta que lastra las cuentas públicas con un ‘ratio’ que equivale al 7% del Producto Interior Bruto (PIB) del país vecino.

El sector financiero luso es, con diferencia, el que peor lo está pasando en todo este periodo de crisis en la Unión Europea, especialmente desde la solicitud en 2011 por valor de 78.000 millones de euros.

Las alarmas en este ámbito comenzaron a activarse debido a la quiebra del Espírito Santo en agosto de 2014, que obligó a poner sobre la mesa 4.900 millones de euros con el fin de evitar el colapso de todo el sistema. Ahí, con los activos saneados de aquella entidad, se pusieron los cimientos de Novo Banco, cuya operación de venta al fondo norteamericano Lone Star se cerró el pasado 31 de marzo por 1.000 millones de euros. Es decir, sus efectos continúan dejándose sentir en el bolsillo de los sufridos contribuyentes portugueses.

El año que menor coste registraron las arcas públicas de Portugal como consecuencia de la debilidad bancaria fue 2016, con 380 millones de euros.