España pone coto a las viviendas de uso turístico

Los ayuntamientos y las comunidades más afectados por el fenómeno de las plataformas turísticas se han lanzado, casi en bloque, a limitar su actividad. Ciudades como Madrid, Valencia o San Sebastián han anunciado que impondrán severas restricciones a las viviendas de uso turístico. Otras, como Palma de Mallorca, directamente los prohibirán. Segovia e Ibiza serán las siguientes en imponer limitaciones.

Es la respuesta que está dando la Administración a la proliferación de estas viviendas, que han crecido exponencialmente en los últimos años. Tanto, que incluso aportan más habitaciones que la planta hotelera de nuestro país. Con esta situación, no es de extrañar que determinados expertos hayan señalado abiertamente la influencia de estos apartamentos en aspectos como el repunte del precio del alquiler en las grandes ciudades o, incluso, los episodios de «turismofobia» vividos el verano pasado.

Para evitar que este rechazo se reproduzca durante los próximos meses, los grandes consistorios desarrollarán medidas como exigir que estos pisos cuenten con una entrada independiente (Madrid), limitarlos a bajos y primeras plantas (Valencia) o condicionar su establecimiento a determinadas zonas (San Sebastián). José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), celebra que «por fin los ayuntamientos hayan tomado consciencia del impacto que está causando esta práctica, que ha generando un gran rechazo social hacia el sector turístico». Eso sí, el portavoz de Exceltur puntualiza que las normas aprobadas en las últimas semanas «llegan tarde» y en muchas ocasiones «son demasiado drásticas».

Lo cierto es que la regulación de los pisos turísticos ha sido tradicionalmente compleja. Esta actividad estaba recogida en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero una reforma de 2013 la extrajo de esta norma y transfirió su competencia a las comunidades. Como consecuencia, cada región ha desarrollado su propia definición de vivienda de uso turístico. A ello hay que sumar que las plataformas han defendido desde un principio que son meros intermediarios digitales y que, por tanto, deberían basarse en la ley de servicios de la sociedad de la información.

15.000 en Madrid, un 8% más
Toda esta maraña legal ha facilitado el crecimiento descontrolado del mercado, que no se ha visto afectado por las limitaciones impuestas hasta el momento. Se calcula que en Madrid hay 15.000 pisos turísticos, un 8%más que hace un año. La asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (Hosbec) ha denunciado por su parte que la oferta de los pisos turísticos supera en un 35% a la hotelera.

Según los expertos, es la rotundidad de estos datos la que ha dado lugar a estas políticas «drásticas». «Hay una gran presión vecinal para limitar la llegada masiva de turistas. Y muchos de estos protestantes son votantes potenciales de los partidos que gobiernan estas ciudades», destaca Zoreda, que recuerda que el año que viene se celebrarán elecciones municipales.

Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) destaca que «no está a favor de la prohibición» de este tipo de apartamentos, aunque reconoce que la situación se había vuelto «insostenible», y que todavía se promocionan un total de 45.000 pisos turísticos ilegales.

Está por ver, sin embargo, cómo se articularán estas nuevas medidas. Y si realmente tendrán el impacto deseado. Distintas asociaciones han cuestionado que existan inspectores suficientes para afrontar una prohibición del mercado en lugares como Palma de Mallorca. Desde el sector turístico se aboga por hacer a las plataformas responsables solidarias de estas restricciones para minimizar su incumplimiento.

Rentabilidad
Fuentes del sector advierten además de que las nuevas limitaciones pueden tener un impacto contrario. Por ejemplo, las restricciones que condicionan el uso turístico a un tipo específico de vivienda puede desembocar en que distintos fondos de inversión compren bloques enteros para destinarlos a este fin. No hay que olvidar que la rentabilidad que ha ofrecido en los últimos meses este mercado ha despertado el interés de un buen número de inversores.

Como fuere, parece claro que el sector va a estar mucho más acotado a partir de ahora. Y será difícil que su crecimiento no se vea afectado. Adolfo Merás, presidente de Madrid Aloja, una asociación de vecinos, gestores y propietarios de viviendas destinadas a uso turístico reconoce que «la última norma del Ayuntamiento es una prohibición encubierta, ya que afecta a más del 95% del mercado».

El presidente de la asociación, que probablemente lleve al Consistorio a los tribunales, asegura que el alquiler vacacional no se sustenta únicamente por las viviendas controladas por grandes compañías, sino también por vecinos locales.

«Con lo difícil que es recuperar una vivienda que ha sido ocupada, es normal que muchas personas cedan la gestión de un apartamento vacío a un amigo. Pero esas prácticas no se persiguen», destaca. Según los cálculos de la asociación, la población crecerá en el centro de Madrid en 40.000 personas en 2018, por lo que «no se puede hablar de expulsión de la población por la vivienda turística».

Un modo de vida
Una percepción similar posee Adigital, Asociación Española de la Economía Digital, que vaticina que la nueva ley de Madrid dejará «indefensas a cientos de familias que tienen en el alquiler vacacional su modo de vida y generará una enorme incertidumbre e inseguridad jurídica que perjudicará a inversiones pasadas, presentes y futuras». La asociación, incluso, prevé que esta nueva regulación frene en seco el crecimiento del sector turístico registrado en los últimos años.