La crisis profundiza brecha entre ricos y pobres en España

Los ajustes presupuestarios e impositivos aprobados esta semana por el gobierno español, ampliarán de manera considerable la distancia entre los sectores más desfavorecidos y las capas más ricas de la sociedad.

Es realmente poco comprensible para muchos analistas que en un país donde todos los partidos políticos, incluyendo el gobernante, dicen esforzarse por mejorar las condiciones de vida de la población y disminuir la pobreza, se esté haciendo lo contrario de lo que se aconseja hacer para estos casos.

La reunión del Consejo de Ministros tuvo una primera parte, calificada de deliberativa, que encabezó el rey Juan Carlos en su residencia del Palacio de la Zarzuela. La segunda, ejecutiva, se realizó en el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno, y fue presidida por el jefe del gobierno centroderechista del Partido Popular, Mariano Rajoy.

Entre las medidas adoptadas el miércoles 11 se destaca el aumento del impuesto al valor agregado (IVA), que pasa de 18 al 21 por ciento en caso del llamado normal y de ocho a 10 el reducido, mientras que se mantiene en cuatro por ciento el identificado como superreducido.

El IVA reducido se aplica a los alimentos en general, las viviendas, los servicios de hostelería, boletos de ingreso a espectáculos, lentes y lentillas, transportes de pasajeros y equipajes y a los servicios funerarios. En que tanto el normal es el destinado a las transacciones con empresas y el superreducido es para los artículos de primera necesidad.

El gobierno anterior, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, también había dispuesto incrementos al IVA en julio 2010, cuando el reducido pasó de siete a ocho por ciento y el normal de 16 al 18 por ciento, y había señalado que volvería a aumentarlo un año después.

Ese antecedente le resta fuerza a las críticas que hace el ahora opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a las decisiones de Rajoy de esta semana.

También se diseñan nuevos impuestos progresivos para las fuentes de generación de energía, sean renovables, no renovables o convencionales, además de una tasa a la generación de energía nuclear e hidráulica.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sostiene que el alza del IVA producirá un aumento de gasto de unos 415 euros (508 dólares) por familia al año, lo cual «va a suponer un freno al consumo». En términos similares se pronunciaron la Federación de Consumidores en Acción, la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio y varias organizaciones patronales.

Los secretarios generales de las dos centrales sindicales mayoritarias, Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras (CCOO), y Cándido Méndez, de la Unión General de Trabajadores, coincidieron en que las medidas de ajuste anunciadas «hundirán a España».

Méndez dijo a IPS que las reformas laborales dispuestas no resolverán ningún problema, sino que crearán otros nuevos, por lo cual estas dos centrales sindicales mayoritarias convocaron a una huelga general para el 29 de septiembre.

En España se quiere aplicar «un tratamiento de choque que tiene más opciones de matar que de curar la enfermedad», añadió.

Lo más preocupante de las reformas gubernamentales es que quedan a salvo las grandes fortunas y negocios, así como entretenimientos, muchos de los cuales reciben subvenciones estatales, como las fiestas taurinas, con 500 millones de euros (612 millones de dólares) al año, y los clubes de fútbol, fuentes de grandes negocios que perciben «ayudas» de 750 millones de euros (920 millones de dólares) anuales.

Pero es difícil que los partidos mayoritarios aborden estos temas, sobre todo si se considera lo que reciben del Estado sus dos expresidentes de gobierno, el socialista Felipe González (1982-1996) y el derechista José María Aznar (1996-2004), dos ejemplos de gastos que se contraponen con los recortes drásticos para la educación, la salud y otras áreas sociales.

Cada uno gana un sueldo vitalicio anual de 80.000 euros (80.000 dólares) y ambos mantienen a cargo del Estado el servicio de escoltas, una secretaria y un asistente personal.

Pero contraviniendo la ley que determina que los jubilados no pueden realizar actividades que les aporten ingresos, los dos dirigentes reciben suculentos pagos por dar conferencias, asistir a seminarios y otras actividades a las que son invitados en razón de sus antecedentes en el gobierno.

Aznar cobra más de un millón y medio de euros anuales por sus actividades como consejero de firmas transnacionales, conferenciante, escritor e incluso como gestor de una sociedad de consultoría de su propiedad.

Además, como reveló El Confidencial, cobra 300.000 euros anuales de una empresa española de electricidad, que lo contrató para que ayude a planificar su estrategia en América Latina, y en 2009 recibió de la editorial Planeta 600.000 euros por escribir tres libros, editados por esa empresa.

Otras actividades le proporcionaron también fuertes ingresos al líder del PP, como 160.000 euros por integrar el consejo de la empresa estadounidense News Corp. Además estuvo vinculado con The Wall Street Journal, The Times y las empresas de televisión CNBC y Fox News.

González también se destaca como conferenciante y asesor de magnates como el mexicano Carlos Slim, además de cobrar 126.500 euros anuales como consejero de la firma española Gas Natural.

Pero además de los dos expresidentes hay muchos diputados y senadores que además de sus sueldos como tales perciben ingresos de empresas en las que integran sus consejos de dirección.

Otra gran desigualdad se nota en las jubilaciones. Mientras un ciudadano común debe cotizar 35 años para percibir un haber completo de retiro, los diputados solo requieren siete años de desempeño de sus funciones y además no tributan un tercio de su salario, como hacen los demás ciudadanos.

Pero también se conocieron el viernes 13 medidas tales como la supresión de la paga extra de Navidad para los funcionarios, el recorte de los presupuestos del Estado, la reforma de los municipios, que reducirán en 30 por ciento el número de sus concejales, y la reducción del salario de los miembros del gobierno.

En conclusión, las reformas afectan a la mayoría de la población, los trabajadores y sus familias, pero no a las grandes fortunas ni a los líderes políticos.